Por disposición del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se allanó la casa y oficina del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Edward Espinoza. En tanto, en Lima, fue detenido el jefe del Frente Policial de Tumbes, general PNP Nicasio Zapata Suclupe.
Por disposición del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, se allanó la casa y oficina del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Edward Espinoza. En tanto, en Lima, fue detenido el jefe del Frente Policial de Tumbes, general PNP Nicasio Zapata Suclupe.

Efectivos de la Policía en coordinación con un equipo de la Fiscalía Anticorrupción, liderado por la fiscal Marita Barreto, participaron ayer en el allanamiento de la casa y oficina del jefe de la Región Policial de Piura, general PNP , así como en la detención preliminar por diez días de 6 personas investigadas por presuntos ascensos irregulares en la institución, entre ellos, el jefe del Frente Policial de Tumbes, general PNP .

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Piura

Cuarenta mil dólares habría cancelado el jefe de la I Macro Región Policial de Piura, general PNP, Edward Rando Espinoza López, para ascender a este grado, de acuerdo a la investigación que realiza la fiscal provincial, Kelinda Janampa Oscategui del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder. Espinoza está comprendido en la investigación que realiza la fiscalía a un grupo de oficiales y suboficiales por los presuntos delitos de organización criminal en el caso “Ascensos ilegales de generales” en el gobierno del expresidente, Pedro Castillo, con el propósito de lograr el control de la Policía. También son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo y pasivo impropio en el ejercicio de la función policial en agravio del Estado,

Ayer, a las 4:30 de la madrugada, la fiscal Rocío Vences Gonzales de la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado de Piura con un grupo de efectivos de la Diviac de Piura, llegaron hasta la casa del general ubicada en la intersección de la calle Monitor Huáscar y Tizón de la urbanización Las Mercedes de Piura para dar cumplimiento con la resolución N°02 del 12 de diciembre del 2022, emitida por el juez John Pillaca Valdez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

La resolución dispone la detención de 8 generales de diversas regiones del país y se ordena el allanamiento, descerraje e incautación de documentos relacionados a los procedimientos de contratación de personal, licitaciones de adjudicación y supervisión de obras públicas realizadas en el período de los años 2021 -2022 de cinco generales, entre ellos del jefe de la Región Policial de Piura, Edward Espinoza López.

Asimismo, otro grupo de efectivos policiales de la Diviac con la fiscal, Ana Núñez Izaguirre, llegó a las 04:25 de la madrugada a la sede de la I Macro Región Policial donde allanó los ambientes de ayudantía, sala de comando, despacho del jefe policial y otros. Lo mismo sucedió en un departamento consignado a Espinoza López que se ubica en la calle Chabuca Granda de Bellavista – Callao.

Según la Resolución N° 02 a la que Correo tuvo acceso, el jefe policial de Piura, Edward Espinoza López, junto a otros 8 generales de la promoción 2022 habrían cancelado la suma de US$40,000 cada uno para ascender a este grado.

De acuerdo con las declaraciones de los colaboradores eficaces que tiene la Fiscalía Espinoza López junto a otros oficiales habrían sido captados por generales cercanos a Pedro Castillo para sus ascensos presuntamente ilegales.

“Del Carpio León, Espinoza López, Goygochea Chunga y Pérez Chávez al grado de General de Armas en la PNP con la finalidad de interceder ante Gallardo Mendoza, comandante general y presidente de la Junta Selectora del proceso de ascensos y entregado la “lista paralela” por orden del jefe de Estado, para ser incluidos en la propuesta para el proceso de selección a cambio de una promesa económica”, se lee en la mencionada resolución del Juzgado de Lima. Tras 8 horas de allanamiento e intervención, se retiraron de la casa del general Espinoza López los policías y la fiscal Rocío Vences quien aseguró que se incautó documentos, dos teléfonos del alto mando policial y otros objetos para la investigación.

“Esta diligencia se ha hecho con la participación de la Diviac. El jefe policial ha dado las facilidades del ingreso, el allanamiento y registro domiciliario…La orden judicial ha sido referencia al registro, incautación de teléfonos celulares, laptops, documentos y todo aquello que tenga relación a actos colusorios que hacen referencia a corrupción de funcionarios. Hemos encontrado dinero, pero la cantidad es de carácter reservada”, reveló la fiscal, Rocío Vences.

En tanto, el abogado defensor del jefe policial, Juan Víctor Pizarro, aseguró que Espinoza López está apoyando en todo momento con esta investigación.

“Estamos colaborando como ha sido la posición desde un principio en esta investigación…Se ha incautado una cantidad mínima de 2 mil dólares, es una cantidad mínima”, dijo Pizarro.

Criticó que a su defendido no se le permitió hacer uso de su derecho de llamar a su abogado defensor.

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Tumbes

Un equipo del Departamento Desconcentrado de Investigación en Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional de Tumbes y un representante del Ministerio Público también realizó el allanamiento y descerraje de la oficina principal y dormitorio que ocupaba el general PNP Nicasio Zapata Suclupe en el Frente Policial.

Asimismo, dando cumplimiento a la resolución N°02, también se allanó la habitación que ocupa en un céntrico hotel ubicado en inmediaciones de la plazuela Bolognesi del distrito de Tumbes.

Zapata fue detenido en su casa de la calle Luis Dextre en la urbanización Honor y Libertad, ubicado en el distrito limeño de Santiago de Surco.

Cabe mencionar que Nicasio Zapata asumió la jefatura del Frente Policial de Tumbes el 8 de febrero del 2021 y el 18 noviembre fue trasladado de emergencia a la ciudad de Lima para su tratamiento médico.

La orden judicial emitida por el juez John Bernardino Pillaca Valdez dispone la intervención de ocho generales a nivel nacional para quienes se ha dictado una orden de detención preliminar de 10 días. Esta medida contempla el allanamiento, descerraje y registro de domicilios con fines de detención e incautación de bienes muebles, documentos, joyas, dinero, dispositivos celulares, equipos informáticos o cualquier objeto vinculado al delito que se investiga.