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La Contraloría encontró responsabilidad en once funcionarios del Gobierno Regional de Piura y un perjuicio económico por S/ 1′148,915 en la ejecución de la obra de Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los sectores 6 y 7 del A.H. Santa Rosa, en el distrito de Veintiséis de Octubre. La obra fue ejecutada en el 2018, con un valor de más de 5.9 millones de soles, a cargo de la constructora San Sebastián Piura S.A.C.
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Irregularidades
Según el Informe de Control Posterior N° 9844-2020-CG/GRPI-SCE, el primer hecho precisa que la reducción de veredas que circundan la institución educativa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro afectó el uso del área educativa y la finalidad pública de la obra, al haberse cumplido parcialmente con las prestaciones contratadas.
Durante este proceso, se involucra a 11 exfuncionarios del GORE. Al entonces director de obras, Jorge Espinoza Céspedes, quien no se refirió a la aprobación de planos modificados, advirtiendo que solicitó la conformidad de los mismos, con los cuales se dejaron de ejecutar las veredas que circundan el colegio.
Además de Juan Huamán Linares, director general de construcción, María Ortiz Valladares, directora de Estudios y Proyectos, quien efectuó la tramitación de la conformidad de planos modificados del proyecto.
En el segundo hecho, la Contraloría advierte que hubo retraso en la absolución de consulta y en el trámite de aprobación del adicional de obra, así como la aprobación de ampliaciones de plazo parciales sin justificación para su procedencia, lo cual favoreció al contratista, permitiendo la culminación de partidas contractuales extemporáneamente, sin aplicación de penalidad por mora ascendente a S/ 582,935, ya que la ampliación fue por 165 días calendarios sin justificación técnica-según el documento- ocasionado por la falta de actuación oportuna del director de Estudios y Proyectos en el trámite de absolución de consultas y por no cautelar que el encargado de la elaboración del expediente técnico del adicional de obra cumpla con el plazo que le otorgó para su elaboración.
Además, como el reconocimiento de mayores gastos generales por S/ 565,979, lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad por S/ 1′148,975.
La Comisión de Control también evaluó la participación en los hechos a Richard Lescano Albán, entonces director de obras, por aprobar el adicional de obra pese a que la comisión de control advirtió que no supervisó que la absolución de consultas del contratista (y trasladadas por el representante legal de la supervisión), sean absuelta oportunamente. Tampoco cauteló que la entidad cumpla con los plazos establecidos.
Acusan, además, a Edgar Colán Castro, director general de Construcción; Gary La Roca Saavedra, director de obras; Jorge Espinoza Céspedes; Juan Huamán Linares, director general de Construcción; Luis Vega Palacios, gerente regional de Infraestructura; Ibraín Holguín Rivera, jefe de la Oficina de Programación y Seguimiento de Contratos de Inversión; y a Néstor Cacho Becerra, gestor de proyecto.
