La Contraloría de la República reveló un perjuicio económico superior a los 232,000 soles debido a que diversos funcionarios ediles aprobaron extensiones de plazo injustificadas, evitando así el cobro de penalidades al contratista que ejecutó la obra de reconstrucción del colegio 1056 en el La obra está valorizada en S/ 2,438,721.16.

Según el informe N° 043-2026-2-0454, funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Unión aprobaron las ampliaciones de plazo n.° 2 (por 15 días calendario) y n.° 3 (por 13 días calendario), otorgando indebidamente un total de 28 días adicionales a la empresa Constructora La Torre Contratistas Generales S.R.L.

La comisión precisó que dichas ampliaciones se tramitaron alegando que partidas como la cobertura autosoportante del patio y los juegos recreativos no estaban presupuestadas. No obstante, la auditoría corroboró que dichos componentes sí estaban contemplados en los planos del expediente técnico contractual y que, al tratarse de una obra bajo el sistema de suma alzada, el contratista estaba obligado a ejecutarlos dentro del plazo contractual pactado.

Esta indebida aprobación de estos plazos impidió el cobro de la penalidad por mora correspondiente, ocasionando un perjuicio económico de S/ 232 873,76 para la municipalidad.

Por esta omisión, la Contraloría determinó presunta responsabilidad civil y penal en tres funcionarios: el inspector de obra (Jhon Alexander Castillo Reusche), el subgerente de Obras (German David Buolanger Aguirre) y el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano (James Gabriel Robles Machacuay).

El informe de auditoría formuló recomendaciones directas para establecer las sanciones correspondientes a los mencionados funcionarios. Exhortó al alcalde de la Municipalidad Distrital de La Unión que disponga las acciones necesarias para que el órgano competente ejecute el deslinde de responsabilidades administrativas que correspondan a los funcionarios involucrados.

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Asimismo, se remitió el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie de inmediato las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos, a fin de determinar sus responsabilidades ante la justicia.

Asimismo, en la inspección que realizó la comisión de control, detectó deficiencias en la custodia y conservación de la documentación técnica y administrativa, la comuna distrital carece de directivas internas y de ambientes idóneos para el archivo de los expedientes de valorizaciones, adicionales y liquidaciones de obra.

Además, se halló abundante documentación administrativa amontonada desordenadamente en el suelo, guardada en cajas y sacos en las áreas de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura y en la Oficina de Administración Financiera.

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