Piura: Hampones “marcan” a fiscales del caso de cartas fianzas falsas

Detrás del escándalo del pago de S/3.9 millones de adelanto directo al Consorcio MNDC, con cartas fianzas falsas y que incluye a funcionarios del GORE, no solo habría una organización delictiva que intentaría ocultar información, sino que practicaría reglaje, en agravio de los fiscales y jueces encargados del caso, en Piura.

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Reglaje

Esto sucedió con los fiscales José Jiménez Moscol y Javier López Romaní, quienes advirtieron el seguimiento el pasado domingo al promediar las 11:00 p.m, cuando se acercaron al domicilio del magistrado Christian Azabache, que debía aprobar el pedido de detención preliminar por 72 horas en contra siete exfuncionarios y empresarios, con el exgerente general Jesús Torres Saravia a la cabeza.

Por el carácter de estricta reserva con que se manejan las investigaciones por corrupción de funcionarios, es usual que los fiscales entreguen en físico el requerimiento de detención preliminar ante el propio magistrado, sin pasar el filtro de mesa de partes, para resguardar la confidencialidad de la información.

Debido a la gravedad de la medida coercitiva y en afán de no entorpecer la investigación con fugas de información, es que los fiscales acuden a la vivienda del magistrado.

Hasta este momento solo había sospechas de extraños vehículos siguiendo a todas partes a los fiscales, sin embargo, al día siguiente, en redes sociales se difundió la fotografía del momento de la visita de los fiscales a la vivienda del magistrado.

Al respecto el magistrado elaboró un acta judicial para dar cuenta que el mismo lunes 14 de junio al promediar las 10.16 a.m recibió mensajes de Whatsapp desde el programa Exitosa para pedirle su versión sobre las fotografías.

“De lo que queda evidenciado es que los fiscales y el suscrito venimos siendo objeto de marcaje y reglaje, por lo que deberá levantarse el acta respectiva para las acciones correspondientes”, se lee en el acta que suscribe el juez Christian Azabache Vidal.

Esto ocurría a horas previas en que se dictara el mandato de detención preliminar por 72 horas contra Jesús Torres Saravia y otros exfuncionarios del Gobierno Regional de Piura y que desencadenó los allanamientos de los inmuebles de los implicados en la madrugada del miércoles.

Ataque a fiscal

De otro lado, los abogados del investigado José Tafur Guivin solicitaron la inhibición del fiscal Javier López Romaní, basados en pruebas falsas fabricadas, como serían conversaciones de WhatsApp con un supuesto familiar de uno de los investigados.

El análisis de un perito digital forense determinó que es imposible que las imágenes propaladas de una supuesta conversación de Whatsapp sean reales, además que solo tiene correspondencia con un único actor.

Además, se verificó las cuentas desde donde se publicaron, con la conclusión que eran perfiles falsos, creados especialmente para difundir este material y que tendría como única finalidad desprestigiar al fiscal.

Debido a estas razones, se rechazó la inhibición que planteó la defensa técnica del investigado.

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Indicios

Cabe destacar que el pedido de detención preliminar se sustenta en serios indicios de su participación y direccionamiento en el trámite de pago de los adelantos a la contratista MNDC, a cargo de la obra de mejoramiento del centro de salud de Máncora.

“Se advierte que Jesús Alberto Torres Saravia, en su condición de gerente general del Gobierno Regional, valiéndose de su cargo y de la relación de subordinación laboral con sus funcionarios, a través de su asistente Lizet Julianna Ballivian Castro, exigió a la oficina de dirección de obras, para que Carlos Távara Elías tramitara de manera rápida el pago por el concepto del adelanto directo por el monto de S/3′956,452 y posteriormente del adelanto de materiales”, refiere el documento de requerimiento de detención de la Fiscalía.

De otro lado, el Ministerio Público refiere que habría indicios de que el ahora exgerente del GORE habría hecho coordinaciones directas con Richard Gonzales (jefe de la oficina de Administración) para que los funcionarios de esta área, como Edwarth Garcés Colupu y Omar Morales Alvarado, tramiten sin observaciones ni cuestionamientos las cartas fianzas.

De la misma manera habría coordinado con el exgerente de Infraestructura y ahora prófugo, Carlos Palacios Meza, para que sus funcionarios a cargo obviaran una decena de requisitos formales y se diera rápido el trámite a los pagos a favor del contratista.

“Se colige que Jesús Torres Saravia tuvo pleno conocimiento de las irregularidades que acontecieron tanto en la etapa de selección como en la ejecución de la obra de mejoramiento de los servicios de salud del distrito de Máncora, evidenciando el concierto de los funcionarios dirigidos por un superior jerárquico”, se lee en la argumentación del pedido de detención preliminar.

Coimas

En la carpeta fiscal también se indica que según la versión del aspirante a colaborador eficaz N° 02-2021, Edgar Baca Palacios le habría manifestado a Godofredo García (gerente general de la empresa constructora MNDC) tener contacto directo con funcionarios del GORE Piura y que por su intermedio el consorcio constructor MNDC podría ganar la buena pro del proceso “Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Máncora” y a cambio se le daría el porcentaje de 6% sobre la base de 39 millones para los funcionarios del GORE Piura, a quienes él representaba, a cambio lo ayudaría a ganar la buena pro, en el trámite de la documentación, a regularizar los mismos, y agilizar los pagos por adelanto directo y de materiales.

De otro lado, Lisset Julliana Ballivian Castro, ex asistente de Jesús Torres, se entregó ayer por la mañana. Ella tenía orden de captura.