Según la carpeta de la Fiscalía de Crimen Organizado, la presunta organización criminal “Los Ilegales de la Mina de Sal Azul”, cuyo cabecilla sería Miguel Henry Zavaleta Amaya y que estaría integrada por 55 personas, cobraba S/ 1,800 por vehículo cargado (al día eran quince), que equivale a S/ 810,000 mensuales aproximadamente, cuyos ingresos ilícitos diarios no ingresaban a las arcas de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, sino que eran centralizados por Zavaleta Amaya.
La investigación contra la presunta red inició el 21 de noviembre del 2022 cuando la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura dispuso iniciar investigación preliminar, en la que se recabó información policial, registral, testimonial y pericial, que permitió advertir la existencia de una estructura organizada y permanente integrada por diversas personas que, de manera concertada y con distribución de funciones, habría ejecutado actos ilícitos destinados a obtener el control económico y administrativo de los bienes de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura, específicamente de las minas de sal de Bayóvar.
En el 2019 se iniciaron constantes enfrentamientos para obtener el control de la Junta Directiva Comunal y tras unas elecciones irregulares, el 27 de febrero del 2021 se otorgó credenciales a Miguel Henry Zavaleta Amaya, como presidente de la autodenominada “Junta Transitoria”. El 2 de marzo del 2021, Zavaleta y Jacinto Zapata Fiestas, liderando una turba de 120 personas armadas con objetos contundentes, punzocortantes y armas de fuego asaltaron violentamente las sedes de la Fundación y la Comunidad Campesina.
Durante el año 2021 se produjeron varios enfrentamientos, que trajo como resultado el fallecimiento de tres personas por impactos de proyectil de arma de fuego: Edison Silvestre Niño Villacorta (21 de abril), Ramos Alberto Litano Elías (5 de julio) y Joe Pazo Tume (29 de setiembre).
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El 29 de setiembre del 2021, se incautó un arsenal bélico de armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y pasamontañas y se hallaron evidencias balísticas según el informe pericial N.° 403-2021 que confirman el uso sistemático de armamento para el mantenimiento del control.
Se ha determinado que la organización instauró un sistema de explotación de roca de sal al margen de la ley, ya que carecen de concesión minera, inscripción en el Reinfo, autorización de inicio de actividades o instrumentos de gestión ambiental.
“La organización representada por Miguel Henry Zavaleta Amaya impuso el cobro arbitrario de aproximadamente S/ 1,800.00 por vehículo con un flujo estimado de quince tráileres diarios (700 sacos cada uno), la red captaba ingresos ilícitos diarios que no ingresaban a las arcas de la Comunidad Campesina, sino que eran centralizados por Zavaleta Amaya”, dice en la carpeta fiscal.
Agrega que el mineral era comercializado principalmente hacia Chiclayo mediante canales informales, omitiendo el pago de IGV e Impuesto a la Renta, y utilizando guías de remisión presuntamente adulteradas para dotar de una falsa apariencia de legalidad al recurso.
