El Indecopi inició un procedimiento sancionador contra cinco empresas avícolas por presunta concertación de precios de pollo vivo por kilogramo, donde habrían acordado fijar niveles de precios. Piura también estaría implicada.
La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio contra cinco empresas, entre ellas una avícola en la ciudad de Piura por la presunta comisión de concertación de precios de venta de pollo vivo.
Según el documento del Indecopi, las avícolas habrían incurrido en una practica anticompetitiva para establecer los precios del ave de corral en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca. Esto durante la fecha entre febrero de 2020 y marzo de 2021, en plena pandemia por el COVID-19.
Es así como las investigaciones ayudarán a determinar si las empresas investigadas como son: Avícola Yugoslavia S.A.C, Molino La Perla S.A.C, Técnica Avícola S.A, El Rocío S.A y Chimú Agropecuaria S.A incurrieron en esta falta. El informe también detalla que las coordinaciones del presunto acuerdo se habrían efectuado mediante conversaciones por WhatsApp.
VER MÁS: Más de 3000 microempresas han cerrado por extorsión en PiuraDurante la investigación, la Dirección evidenció que las empresas durante los periodos analizados realizaron las coordinaciones como método de supervisión del cártel, los investigados habrían monitoreado el cumplimiento del acuerdo de manera directa, con llamadas telefónicas, mensajes a través del aplicativo WhatsApp y de manera indirecta, a través de sus vendedores.
Cabe señalar que, la producción conjunta de estas empresas representó más del 80 % de la producción total de pollo vivo en los departamentos señalados, durante los años 2020 y 2021.
En tanto, la Dirección, asegura que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador se debe a la existencia de indicios razonables sobre la presunta práctica anticompetitiva y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado del procedimiento ni la culpabilidad de los investigados. Dentro de las investigaciones también se incluyó a tres personas naturales, Max Schneider Saavedra, María Delgado Pineda y José Salcedo Zúñiga.
De conformidad con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, las personas naturales y jurídicas imputadas cuentan con un plazo de 30 días hábiles para presentar sus descargos.
