En el tercer piso, policías habrían registrado una habitación y sustraído 10 mil soles en efectivo.
En el tercer piso, policías habrían registrado una habitación y sustraído 10 mil soles en efectivo.

Por: Feliciano Gutiérrez

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román dictó nueve meses de prisión preventiva contra agentes policiales Jhon Bernal, Giancarlo Bobadilla, Micheel Calisaya y el civil Cristian Mamani, investigados por el presunto delito de robo agravado, en agravio de Jorge M. Z.

Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2026, a las 15:30 horas aproximadamente, cuando los investigados habrían acudido al domicilio del agraviado, ubicado en la urbanización Santa Adriana de Juliaca, a bordo de dos vehículos, vestidos con prendas y chalecos policiales, simulando una intervención sin contar con orden judicial ni autorización para ingresar.

Tras irrumpir por la fuerza, habrían amenazado con armas de fuego al agraviado y a su hijo, obligándolos a entrar al inmueble. Luego, habrían trasladado al agraviado a los pisos superiores, donde le exigieron, bajo amenaza, una mochila y dinero.

En el tercer piso, habrían registrado una habitación y sustraído 10 mil soles en efectivo. Los gritos de auxilio y llanto de los niños alertaron a los vecinos, quienes rodearon el inmueble e impidieron la fuga de los investigados, reteniéndolos hasta la llegada de las autoridades. Durante las diligencias, se hallaron armas de fuego y otros objetos que habrían sido utilizados durante el asalto.

Durante la audiencia, el magistrado José Enrique Ríos Núñez evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las partes, concluyendo que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los investigados con los hechos materia de investigación.

Asimismo, consideró que existe peligro de fuga debido al intento de evasión advertido y a que los investigados no cuentan con arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso penal. A ello se suma que la posible pena a imponerse sería superior a 15 años de privación de libertad. En ese contexto, el juzgado dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, mientras continúan las investigaciones.

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