La Superintendencia Nacional de Migraciones ejecutó una operación de fiscalización migratoria en la región de Puno con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza en el sur del territorio nacional. El operativo se desarrolló durante la noche y madrugada en la vía Puno-Desaguadero, principalmente en el Puesto de Control Aduanero de Ojherani, donde se verificó la documentación y situación migratoria de más de 55 personas de nacionalidad extranjera.
Los agentes migratorios realizaron la revisión exhaustiva de documentos de identidad y antecedentes de viajeros provenientes de diversos países, entre ellos Bolivia, China, Nueva Zelanda, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Ingreso irregular y aplicación de sanciones
El resultado de la intervención permitió identificar a 10 personas de origen boliviano que habían ingresado de manera irregular al país. Ante esta situación, las autoridades procedieron a emitir órdenes de expulsión mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), un instrumento legal que facilita una respuesta rápida frente a casos de ingreso no autorizado al territorio peruano.
Este despliegue de control migratorio coincidió con la realización de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026, una celebración tradicional que atrae a un considerable número de turistas internacionales a la región de Puno. Debido al incremento del flujo de visitantes extranjeros, las autoridades decidieron intensificar la vigilancia en los principales accesos a la zona para prevenir delitos relacionados con el tráfico ilícito de personas y garantizar tanto la seguridad de los asistentes como el cumplimiento de las normas migratorias.
La operación estuvo bajo el liderazgo de la directora de Operaciones de Migraciones, Valeria Morales, y el jefe zonal de Puno, Hugo Cavero. Participaron inspectores migratorios, personal del Área de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional del Perú, así como representantes de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
Durante el año 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones impidió el ingreso de 1.329 ciudadanos extranjeros a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta medida forma parte de una estrategia de control fronterizo orientada a reforzar la seguridad nacional ante el aumento del tránsito internacional.
Las principales razones de inadmisión fueron no cumplir con el perfil de turista (44%), ausencia de visa requerida (22,2%) y carecer de pasaporte vigente (17,1%). Otros motivos incluyeron situaciones vinculadas a la seguridad nacional o pública (4,6%) y la falta de documentos de viaje válidos (3,5%).
Los países con mayor número de ciudadanos inadmitidos fueron Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, República Dominicana, Brasil, México, Cuba, España y Argentina, aunque también se registraron casos de otras nacionalidades. La decisión de negar el ingreso corresponde al inspector migratorio después de evaluar los requisitos, consultar alertas internacionales y realizar un análisis de riesgos.
Esta medida no constituye un delito ni implica detención del viajero, pero debe cumplir la disposición de retornar a su país de origen con asistencia de la aerolínea correspondiente. Migraciones utiliza sistemas de información anticipada y mantiene coordinación con Interpol, la Policía Nacional y otras instituciones para identificar posibles riesgos. El procedimiento incluye el registro de huellas dactilares y fotografías para cotejo a nivel internacional, asegurando la protección colectiva en el territorio nacional.
