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La gestión del alcalde Jimy Silva Mena vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez la Contraloría detectó un perjuicio económico ascendente a S/ 366,383 en la Municipalidad Provincial de Tumbes (MPT), debido a la presunta responsabilidad de tres funcionarios de confianza del edil.
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El caso gira en torno a la ampliación de plazo injustificado, otorgado al contratista a cargo de los trabajos de “Rehabilitación del servicio de movilidad urbana de la calle Francisco Ibáñez”.
Como se recuerda, el referido proyecto generó malestar entre los vecinos por los constantes colapsos de desagües, pero finalmente concluyó y fue liquidado sin que se aplicara toda la penalidad respectiva a la empresa.
Es preciso mencionar que los trabajos estuvieron valorizados en S/ 3´238,276, tal como se lee en el contrato N° 009-2020/MPT-GM.
Retraso
El plazo de ejecución contractual con la empresa Construcción y Servicios Logísticos S.A., que tiene como representante legal a Eduardo Sánchez Espejo, era de 150 días, empezando desde el 31 de diciembre del 2020.
Sin embargo, durante el proceso constructivo la MPT aprobó una suspensión, cinco ampliaciones de plazo y una ampliación parcial, tal como lo detalla el informe de control posterior N° 013-2022-2-0475-SEC, de la Contraloría.
Pese a que la obra estaba estipulada para 150 días, debiendo culminar el 21 de junio del año pasado, por una serie de inconvenientes el proyecto duró 224 días, terminando el 2 de octubre del 2021.
De acuerdo al registro de proveedores del Estado, la entidad edil aplicó una penalidad por retraso en la ejecución solo por S/ 50,749 a Construcción y Servicios Logísticos SA; esto ocurrió el 30 de diciembre del año pasado.
No obstante, en el informe de la Contraloría se lee que la MPT no adoptó acción alguna para corregir todos los hechos advertidos, es por ello que la indagación concluye en que se originó un perjuicio mucho mayor.
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Grave
El documento de la Contraloría detalla que el procurador público de la municipalidad de Tumbes, José Nole Nunjar, concilió ampliaciones de plazo sin sustento técnico oportuno y adecuado por parte de las áreas competentes y que la entidad aprobara la liquidación de la obra, sin aplicar penalidades por retrasos injustificados.
Estos hechos, de los cuales también tenían conocimiento el gerente de Desarrollo Rural y Urbano, Javier Moquillaza Herrera y el subgerente de Obras Públicas y Catastro, José Carlos Guerrero Panta, afectaron los intereses de la comuna de Tumbes.
Para la Contraloría el funcionario Nole Nunjar tendría responsabilidad penal y administrativa en este caso, Javier Moquillaza civil y administrativa, al igual que José Guerrero.
Correo pudo confirmar que estas presuntas irregularidades serán derivadas por la Procuraduría Pública Anticorrupción al Ministerio Público, para el inicio de una investigación ya que se habría favorecido al contratista .
