En el penal de Puerto Pizarro, de la región Tumbes, cerca del 40% de los internos aún no tiene condena, según las estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que abarcan hasta el primer trimestre del presente año.
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Hasta el 31 de marzo se habían contabilizado 1,156 reclusos en el mencionado recinto carcelario, de los cuales 709 figuran con sentencia condenatoria, mientras que la diferencia, es decir 447, aún esperan por el fallo de sus procesos judiciales.
Quienes se encuentran en esta última situación representan el 39% del total de la población penitenciaria de este departamento fronterizo. Según el Inpe, a nivel nacional son 33,457 reos sin condena contabilizados en el primer trimestre del año.
Esta situación se debe principalmente a la demora de los casos judicializados, tanto por fiscales que no logran completar sus investigaciones y formular acusaciones a tiempo, como por jueces que reprograman audiencias por diferentes motivos.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, José Luis Troya Acha, manifestó que con la flexibilización de las medidas sanitarias se está registrando un aumento de la carga procesal.
“Se han dado las disposiciones para atender esta demanda, sobre todo de materia penal, para que se haga un seguimiento escrupuloso a los procesos y cuando están vencidos comunicar a la Fiscalía para que (sus representantes) formalicen sus requerimientos”, expresó.
Agregó que desde el primero de junio ya se realiza un trabajo presencial en la entidad que representa, el cual, aseguró, contribuirá a brindar un mejor servicio.
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Hacinados
El penal de Puerto Pizarro fue construido para albergar a 576 internos; sin embargo, pese a las leyes de despenalización por la pandemia del coronavirus con la que varios internos fueron beneficiados y a la clausura del pabellón de mujeres, aún existe hacinamiento, esta situación se repite en la gran mayoría de reclusorios del país.
En Tumbes, la sobrepoblación carcelaria es del 100%, precisa el Inpe y el porcentaje tiende a subir con el paso de los meses.
Respecto a la leyes de despenalización en el marco de la pandemia, el Inpe informó que entre el 2020 y el año pasado en Tumbes egresaron un total de 116 internos, en su gran mayoría con prisión preventiva. Por gracias presidenciales fueron seis beneficiarios, por la Ley N° 1459 fueron 45 y por la Ley N° 1513 fueron 65.
Asimismo, en noviembre del año pasado 66 reclusas del penal de Puerto Pizarro fueron reubicadas en el recinto carcelario de mujeres de Trujillo.
De este modo, se dio cumplimiento a la Resolución Directoral N° 428-2021-INPE/ORNCH, por el cierre definitivo del pabellón de mujeres del reclusorio de Puerto Pizarro, por razones de hacinamiento y medidas de seguridad, según la Resolución Presidencial N° 273-2021-INPE/P.