Tres militares fueron hallados culpables del delito de colusión agravada y uno de ellos también por falsificación de documentos, en agravio de la Primera Brigada de Infantería de Tumbes, la cual forma parte del Ejército del Perú (EP).
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El caso se remonta al 2012, por irregularidades en un servicio de saneamiento físico legal de dos bienes inmuebles en el que se produjo un perjuicio económico de más de S/ 18 mil.
Primera instancia
El Segundo Juzgado Unipersonal de Tumbes a cargo del juez Ricardo Luis Reátegui Herrera, dispuso siete años de cárcel contra Juan Ernesto Leyton Sifuentes, Víctor Manuel Delgado Torres y José Luis Jara Garro por el delito de colusión agravada.
El último en mención también fue condenado a dos años de cárcel dentro del mismo proceso, por falsificación de documentos, en consecuencia, la pena impuesta por haberse producido un concurso real de delitos es de 9 años cárcel para él.
Es necesario mencionar que la pena solo será efectiva (es decir, los procesados solo serán enviados al penal a cumplir con el plazo establecido), si es ratificada en segunda instancia por la Sala Penal de Apelaciones, instancia superior a la que acudieron los implicados de este caso.
Por otro lado, los investigados Edwin Alejandro Benavides Velarde y José Luis Escalante Chávez y Francisco Siancaz Lazo fueron absueltos.
El 23 de marzo se realizó la lectura íntegra de la sentencia emitida por el Segundo Juzgado Unipersonal de Tumbes y ahora la medida será revisada por la Sala de Apelaciones.
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Caso
Según la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tumbes, los implicados en este caso se habrían concertado con Jesús Luis Arroyo Pimentel, representante legal de la empresa Correpcom A&C SCRL con la finalidad de defraudar patrimonialmente al Estado.
De acuerdo a la Fiscalía, los investigados habían aprovechado los cargos que ocupaban en la Primera Brigada de Infantería de Tumbes para cometer el acto ilícito, en el año 2012.
Los hechos investigados giran en torno a la “Contratación del servicio de saneamiento físico legal de propiedades inmuebles: Granja Alfajías y PV Loma Saavedra”.
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La postura de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios es que se habrían realizado actos ilícitos de concertación, tendientes a favorecer, a través de una contratación directa a la empresa Correpcom A&C SCRL.
Además, se procedió a la cancelación de S/ 18,724.55 por un servicio que no se brindó, lo cual ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado por el mismo monto.