Sobrepoblación de reclusos facilita que ocurran hechos como la muerte, esta semana, de 118 internos en una penitenciaría ecuatoriana. (Foto: Hugo Pérez / Archivo)
Sobrepoblación de reclusos facilita que ocurran hechos como la muerte, esta semana, de 118 internos en una penitenciaría ecuatoriana. (Foto: Hugo Pérez / Archivo)

Una encuesta del BID a reclusos en 14 países de la región reveló que, en promedio, en las celdas viven 45% más reos de los que deberían y el 58% no duerme en una cama.

La muerte de 118 reos, a consecuencia de una pelea entre bandas ligadas al narcotráfico en una prisión de Guayaquil, Ecuador, devela la crisis del sistema penitenciario no solo en ese país, sino en toda la región de América Latina y el Caribe. Hay varios aspectos que se conjugan para explicar que ocurran hechos de violencia como el acontecido esta última semana en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas 1, pero un factor clave ha sido el hacinamiento.

De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, esa prisión alberga alrededor de 8500 internos y tiene una sobrepoblación de reclusos que llega a 60%. En ese contexto, el escaso personal penitenciario puede hacer poco para controlar a presos que muchas veces pertenecen a bandas que tienen vínculos con cárteles internacionales de narcotráfico, como el de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación.

Además, según el periodista Arturo Torres, experto en seguridad interna, delincuencia y narcotráfico, en Ecuador se echó más leña al fuego cuando en 2014 se reformó el Código Penal para criminalizar el microtráfico. En declaraciones a la agencia española de noticias Efe, indicó que actualmente el 40% de los internos son microtraficantes, “gente que podría estar tratándose en las calles”.

“Ahora tenemos un 30% de hacinamiento [en los penales]; es decir, con una capacidad para 30,000 [internos en todo el país], estamos en 40,000. Hay 1500 ‘guías’ (carceleros), cuando se necesitan 4000. ¿Quién tiene el control? Las bandas”, agregó.

La sobrepoblación penal es la moneda común en las mayores tragedias reportadas en penales latinoamericanos en los últimos años. Por ejemplo, un incendio en la hacinada cárcel Granja Penal de Comayagua (Honduras), entre el 14 y 15 de febrero de 2012, provocó la muerte de 361 personas. Un hecho similar se vivió en 2005 en la abarrotada prisión de la ciudad de Higüey (República Dominicana), donde un motín que derivó en incendio cobró 135 vidas.

Cifras preocupantes. De acuerdo con un informe de 2020 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), América  Latina y el Caribe tiene una tasa de encarcelamiento que se ha duplicado desde el año 2000. Esta ha aumentado un 120%, cuando en el resto del mundo el incremento promedio ha sido solo de 24%.

Asimismo, según el estudio, la región casi duplica la tasa de encarcelamiento de la media mundial de presos. En América Latina y el Caribe hay 262 reclusos por cada 100,000 habitantes, mientras que en África y Asia esta cifra es de 97; en Europa, de 187; en Oceanía, de 157, y la media mundial es de 145.

El promedio de sobrepoblación en las cárceles de la región es del 64%, pero hay casos alarmantes como el de Haití, donde alcanza el 354%, o El Salvador y Guatemala, países en los que llega al 233%, señala el informe. En el Perú, de acuerdo con el INPE, la tasa de hacinamiento es de 111%.

En términos totales, indica el BID, América Latina tenía al año pasado alrededor de un millón  y medio de reclusos. Solo en Brasil, según información de la base de datos World Prison Brief, hay más de 800,000 reclusos. Es el tercer país del mundo con mayor población penal, por detrás de EE.UU. (alrededor de dos millones) y China (1.7 millones), pero por delante de India (478,600 reclusos), una nación con seis veces más habitantes que Brasil.

“Estos datos [de América Latina y el Caribe] son fruto de un sistema de justicia que, en líneas generales, opta por el encarcelamiento como principal medida punitiva en lugar de explorar otras opciones como la libertad vigilada, los servicios comunitarios o las penas económicas. Todo esto se une al enorme volumen de personas privadas de libertad en prisión preventiva que se encuentran a la espera de un juicio”, sentencia el informe del BID.

TAGS RELACIONADOS