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Después de 9 años, la Corte Suprema de Misisipi, en los Estados Unidos, decidió ejecutar a un hombre que estaba acusado de haber matado a su exesposa y agredido sexualmente a su hija mientras su madre agonizaba.
Según narra la agencia de noticias AP, los hechos se remontan a mediados del 2012 en el pueblo de Sherman cuando David Neal Cox, de 50 años, se declaró culpable de homicidio contra su exesposa Kim Kirk Cox.
El sujeto también aceptó haber violado en varias oportunidades a su menor hija que tenía 12 años en ese entonces. Sus otros dos hijos también estuvieron presentes durante los terribles sucesos.
Dos años antes, la noche del ataque, Cox llamó a su suegro para contarle que le había disparado a su hija. Incluso, el sujeto le pasó el teléfono a su víctima para que hablara con su padre y ella le dijo: “‘Papi, me estoy muriendo’”.
Hora después, la policía rodeó la casa e intentó que David Cox liberara a su esposa y a sus hijos. Kim ya estaba muerta cuando los oficiales pudieron ingresar al domicilio después de más de ocho horas.
Esta semana, durante su ejecución, fue llevado a la cabina donde se le administraría la inyección letal. Vestía un conjunto rojo de prisión, estaba sujeto con correas por todo el cuerpo y fue cubierto con una sábana blanca.
Cox se declaró a sí mismo como “digno de muerte” al aceptar todos los cargos.
Un forense lo declaró muerto a las 6:12 p.m. en la Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman.
“Quiero que mis hijos sepan que los amo mucho y que fui un buen hombre en un momento”, dijo Cox justo antes de que comenzara la inyección.
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Según narra el mencionado medio, Cox agradeció al comisionado estatal de correccionales, Burl Cain, por ser muy amable con él durante el tiempo que estuvo detenido.
Durante la ejecución, se encontraba la hijastra de Cox, que ahora tiene 23 años.
Ella comentó a la agencia que Cox la había agredido sexualmente durante unos años cuando su madre estaba fuera de la casa, y que amenazó con matarlos si se lo contaba a alguien.
A pesar de ello, la madre de Kirk realizó la denuncia y el sujeto fue detenido para luego ser acusado de distintos cargos; entro los que destacaban la agresión sexual, el abuso infantil y posesión de metanfetamina.
Death Penalty Action, una ONG que se opone a las ejecuciones en los Estados Unidos, había señalado anteriormente que matar a un recluso que entregó todas las apelaciones equivaldría a un “suicidio patrocinado por el estado”.
Este grupo solicitó al gobernador Tate Reeves que impidiera la ejecución de Cox, pero este se habría negado porque el sujeto admitió haber cometido crímenes horribles.
La familia de Kim Kirk Cox no emitió una declaración después de la ejecución.
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