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La polémica reforma tributaria, que fue impulsada y luego desestimada por el gobierno de Iván Duque, derivó hace casi una semana en que miles de personas salgan a las calles en Colombia a protestar en medio de la pandemia del coronavirus.
Violencia: muertos y heridos
Las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles y han dejado al menos 19 muertos y unos 800 heridos, por lo que Colombia está en la mira de organizaciones internacionales por la recurrente violación de derechos humanos y los abusos de la fuerza pública.
Las autoridades han detenido a 431 personas durante los desmanes, y el gobierno ordenó desplegar militares a las ciudades más afectadas. Asimismo, se ha compartido un listado completo de 87 personas que según las denuncias siguen desaparecidas.
Para el ministro de Defensa, Diego Molano, los hechos de violencia son “premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC” que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016, y por el ELN, la última guerrilla reconocida en Colombia.
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La reforma, el origen de las protestas
El proyecto de reforma fiscal buscaba ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos. Estas iniciativas iban a terminar afectando a la clase media, indicaban los expertos.
El gobierno aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia.
“Es una reforma ambiciosa en términos de recaudo”, en la que un “gran porcentaje de impuestos (...) recae sobre todo en las personas naturales”, dijo a la agencia AFP Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.
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Duque pidió retirarla
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió el domingo al Parlamento retirar la propuesta de reforma tributaria.
“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo en una alocución, rodeado de la vicepresidenta y ministros.
Desde el pasado viernes el mandatario conservador había anunciado que reformularía el proyecto impulsado por él. Pero el anuncio no calmó los ardores de los manifestantes, que volvieron a protestar el sábado.
La reforma es necesaria para “dar estabilidad fiscal al país, proteger los programas sociales de los más vulnerables y generar condiciones de crecimiento luego de los efectos arrojados por la pandemia del COVID-19”, defendió el presidente.
La nueva ley, concertada con partidos políticos, sector privado y sociedad civil, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a las clases sociales más ricas.
Entre otras cosas, la reforma contendrá una tasa de renta temporal a empresas, un impuesto al patrimonio, a los dividendos y a las personas de mayores ingresos, así como la apuesta por profundizar programas de austeridad del Estado, agregó.
Renuncia de Alberto Carrasquilla
El ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció el lunes tras presentar un frustrado proyecto de reforma tributaria.
“Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida y eficiente de los consensos necesarios” para llevar a cabo una nueva propuesta fiscal, indicó en un comunicado.
Carrasquilla será reemplazado por el economista José Manuel Restrepo, actual ministro de Comercio, anunció el presidente Iván Duque en Twitter.
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¿Qué sucede en Cali?
Las protestas y disturbios se han venido dando en esta última semana con mayor fuerza en la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali. La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno.
La secretaría de Seguridad local registró este martes cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes la víspera (lunes).
El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, denunció que una persona de la entidad, junto a otro de la Procuraduría (encargada de indagar irregularidades de funcionarios) y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco “fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.
El ministro de Defensa, Diego Molano, evitó referirse al ataque y aseguró que policías y militares son víctimas de agresiones orquestadas por grupos armados.
“El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto, sin precedentes, una cosa aterradora (...) no ingresan mediando con la comunidad sino que ingresan disparando contra la ciudadanía”, dijo a la AFP Yonny Rojas, de la Fundación Créalo que protege los Derechos Humanos en Siloé, un barrio de Cali.
Molano anunció el viernes la llegada a Cali de más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros para apoyar a la fuerza pública local.
El aeropuerto en Cali también suspendió temporalmente este lunes desde las 5 de la tarde sus operaciones comerciales por los bloqueos que existían en la ciudad.
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Condena internacional
La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Hurtado hizo “un llamado a la calma (...) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”.
Defensores de derechos humanos y oenegés denuncian amenazas y casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió “evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
Con información de AFP y EFE.
