Durante años se repite que el director escolar debe ser el líder pedagógico de su colegio. Pero el Estado lo convirtió en un funcionario encargado de obedecer, controlar y rendir cuentas.
Hoy el director responde por todo, pero decide sobre casi nada. Administra plataformas, protocolos, denuncias, informes, evidencias y formularios burocráticos. El tiempo que debería dedicar a observar clases, acompañar docentes, orientar estudiantes o impulsar innovaciones termina absorbido por exigencias administrativas que parecen no tener fin.
La consecuencia era previsible. Cada vez menos buenos maestros desean asumir la dirección de un colegio. Quienes aceptan suelen terminar agotados, frustrados y alejados de aquello para lo que fueron formados: educar y liderar.
Los países con mejores resultados hicieron lo contrario. Seleccionaron cuidadosamente a sus directores, los prepararon, confiaron en ellos y les otorgaron autonomía para tomar decisiones junto con sus equipos. Entendieron que ninguna oficina ministerial puede conocer mejor que cada colegio los desafíos particulares de su comunidad.
En el Perú seguimos actuando como si todo director fuera sospechoso de incompetencia o abuso. Se le rodea de controles que terminan inmovilizándolo. La desconfianza se convirtió en política pública.
Quizá la reforma educativa más urgente no consista en crear otra plataforma, otro protocolo o una nueva supervisión. Bastaría devolverles a los directores el derecho a dirigir. Sin liderazgo profesional no habrá innovación escolar, y sin innovación seguiremos obteniendo exactamente los mismos resultados de siempre.
