El caso Michael Urtecho ha pasado desapercibido para la mayoría de los medios de comunicación, mas no para los periodistas que cubrimos la noticia más impactante de los “mochasueldos”. Ocurrió más o menos once años atrás, pero recién hace un par de semanas la Corte Suprema ratificó la condena de 22 años de prisión al excongresista y 28 años a su esposa por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.
Para el recuerdo de la memoria frágil, el trujillano fue el típico peruano entusiasta por ingresar a la política para generar un cambio. En su silla de ruedas, acompañado siempre de su pareja, iba a las redacciones de los periódicos de La Libertad pidiendo una oportunidad para que escuchen sus propuestas.
Urtecho logró un escaño y Alan García lo bautizó como “el angelito” que promovía sus proyectos de ley a favor de las personas con discapacidad. No era de filo aprista, sino que había pasado sus días por la derecha solidaria. Llegó a ser miembro de la mesa directiva del Congreso y obtuvo una reelección. Sin embargo, la imagen de político honesto se desplomó cuando la prensa recibió la denuncia de su extrabajadora.
Pero no era sólo una la persona que denunciaba al congresista por recortarle el sueldo, sino tres más. Mientras Urtecho desplumaba a los empleados del Legislativo, en Trujillo construía un edificio moderno en una de las urbanizaciones más exclusivas. Fue desaforado y pasó a manos de la justicia, que obtuvo la primera sentencia condenatoria para un parlamentario acusado de cercenar sueldos.
Urtecho nunca pisó la cárcel por su condición física. No se vale por sí mismo para movilizarse. La Suprema le ha dado la estocada final, pero el caso es complejo. Deberá pagar más de 630 mil soles de reparación civil. Pese a las pruebas contra el procesado, la justicia tardó en dar una sanción ejemplar, aunque ha creado un precedente importante.
