El reciente escándalo que ha sacudido al Gobierno ha exacerbado la desconfianza del pueblo en la clase política y ha erosionado aún más la credibilidad en las instituciones. La conducta del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, es totalmente condenable y representa una afrenta a la confianza depositada en las personas claves del dispositivo del poder. Sin embargo, lo más preocupante es el impacto que estos actos tienen en la salud de nuestra democracia.
Es innegable que cuando los líderes y funcionarios públicos ponen sus intereses personales por encima del bienestar de la mayoría de los peruanos, afectan la estabilidad política y económica del Perú y socavan los cimientos de la democracia. En un país donde menos del 50% de la población valora nuestro sistema democrático (43% según una encuesta de Ipsos), cada señal de corrupción contribuye a alimentar el discurso de extremistas y oportunistas que buscan socavar nuestro orden institucional.
La falta de transparencia y la impunidad en casos como este generan un profundo escepticismo entre la población.Es fundamental que los gobernantes asuman la responsabilidad por sus acciones y se comprometan a erradicar la corrupción en todas sus formas. Solo mediante una acción decidida y transparente para combatir la corrupción podremos restaurar la confianza del pueblo en nuestras instituciones y fortalecer nuestra democracia.
