Una cuestión recurrente en el debate político peruano es el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Lo que justifica esto es la tensa relación entre el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). De los actuales Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), cuyo cumplimiento estatal debe ser asegurado por la Corte IDH, el Perú es el país con más sentencias condenatorias y presenta un alto nivel de incumplimiento de tales sentencias. La Corte IDH ha contribuido a la protección de los derechos en la región. No obstante, ha perdido legitimidad institucional en la medida en que ha emitido pronunciamientos cuestionables que algunos Estados han interpretado como una manifiesta violación a la soberanía estatal. La Constitución peruana permite recurrir a una vía jurisdiccional supranacional a quien considere que en la vía jurisdiccional interna no se han protegido sus derechos. La salida del Perú del SIDH dejaría al justiciable peruano en un estado de indefensión en caso de que sus derechos se vean vulnerados en sede nacional. En tal sentido, la salida del Perú de la SIDH es una solución políticamente inconveniente con tensiones constitucionales. La solución debe dirigirse a buscar -mediante el diálogo institucional y de la mano de otros Estados parte- que la Corte asuma un enfoque moderado en el que permita un margen de apreciación nacional cuando corresponda y, de este modo, aplique correctamente el principio de subsidiariedad que debe irradiar el ejercicio de su función jurisdiccional por la que debe proteger los derechos sin afectar la soberanía estatal.
