Resulta paradójico observar las prioridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras se apresura el desembolso de US$ 2,000 millones para adquirir aviones de combate F-16, por otro lado, el MEF asume una posición obstruccionista frente a la Nueva Carretera Central (NCC), la obra logística más importante del país, calificando su financiamiento (PL 14141) como “innecesario e ilegal”.
La NCC no es una improvisación. Está respaldada por una ley de necesidad pública, un contrato de Estado a Estado (G2G) con Francia (“Fast Track”), cuenta con código SNIP, y tiene presupuesto asignado para iniciar en 2026. Sin embargo, la negativa del MEF a estructurar el Fideicomiso Macrorregional pone en inminente riesgo de paralización a esta megaobra a partir del 2027 y 2028.
Para evitar esta catástrofe, el Proyecto de Ley 14141 asegura la continuidad de la obra. Hemos presentado un texto sustitutorio que levanta y corrige absolutamente todas las observaciones del MEF, asegurando la culminación del proyecto para el 2033. Aun así, la burocracia se resiste. ¿Por qué el MEF viabiliza compras millonarias que no cubren necesidades básicas, pero obstaculiza un corredor vital con una altísima Rentabilidad Social del 18%?.
Lo más alarmante es el evidente sesgo del MEF hacia las Asociaciones Público-Privadas (APP). Intentar forzar la NCC bajo ese esquema representaría una “hipoteca” de más de S/ 84,000 millones para el país. Ejecutarla como obra pública, tal como plantea el PL 14141, le ahorrará al Perú aproximadamente S/ 50,000 millones frente a una APP y evitará 14 años de postergaciones.
¿Estamos ante un simple anacronismo burocrático o ante un sistema diseñado para privilegiar a inversionistas privados a costa del Estado?. En cualquier caso, esto evidencia la urgencia de una reforma de la arquitectura fiscal del país. El Perú no puede seguir sujeto a la obsoleta tecnología fiscal del MEF, que asfixia proyectos de alto retorno social mientras abre la billetera para gastos no esenciales. Es momento de priorizar el desarrollo y el bienestar de más de 12 millones de peruanos.




