Hace algunas semanas escribí en la red X: “Meritocracia, experticia y honestidad deben caracterizar a los gobiernos ahora y siempre para lograr sus objetivos de corto, mediano y largo plazo en un país con desarrollo. Y, por supuesto, deben mostrar honestidad comprobada”. Esto es aplicable tanto para alianzas y partidos que aspiran a ser gobierno, como para el actual Gobierno de transición.
Todas las políticas educativas deben tener como fundamento la Ley General de Educación, el Proyecto Educativo Nacional al 2036, el plan estratégico del país (CEPLAN), y los respectivos planes de desarrollo de corto, mediano y largo plazo de la gestión gubernamental del sector.
En esta búsqueda de calidad educativa, el gobierno de transición no puede obviar su responsabilidad con lo señalado. Por ello, coincido con el pronunciamiento del Pacto Social por la Educación desde el sector privado emitido el 16 de enero, ante el cambio de los viceministros del Ministerio de Educación.
Entre otros, el pronunciamiento dice que la educación es una política de Estado que requiere estabilidad y meritocracia. Expresa que se requiere conocimiento especializado y que no puede ser objeto de designación de autoridades con perfiles que no cuentan con la formación profesional pertinente ni con la experiencia técnica del sector.
Escribo este artículo con la mayor responsabilidad y convicción –de ayer, hoy siempre– como maestro de aula y exministro de Educación, con la expectativa de que mi opinión será valorada en su dimensión más constructiva, positiva y comprometida porque como finaliza el pronunciamiento: “¡La defensa de la calidad educativa es tarea de todos!”.
