La aprobación por insistencia de la ley que establece el otorgamiento de 4300 soles de la ONP a los aportantes, no hace más que graficar a un Congreso cegato que actúa con supina ignorancia sobre el sentido de construir el futuro de nuestro país. La norma aprobada condena a miles de afiliados del sistema previsional público, a la mendicidad.

Dichos recursos a entregar, cuyos fondos no existen, impactarán gravemente en el erario público, profundizando la brecha fiscal que se proyecta en 7,5% del PBI al cierre del año, tras haberse encontrado en 1,6% al cierre de año 2019. Esto afectará el gasto de inversión del gobierno, y llevará a una mayor contracción, pues su atención demandará recursos del orden de los 15956 millones de soles. Esto en buen criollo es “pan para hoy y miseria de mañana”.

Estas recurrentes medidas debilitan el sistema de protección social del país, a contra sentido del consenso de países en el mundo, que buscan más bien fortalecerlos. Por ejemplo, en España, Alemania y otras economías desarrolladas, se debate cómo mejorar sus sistemas previsionales. Los estados modernos se orientan a impulsar una sociedad de bienestar, teniendo como uno de sus principales pilares el aseguramiento universal.

El Perú, en su aspiración de consolidar un estado social fuerte, debe promover una densa red de seguridad para proteger a los ciudadanos de diversas contingencias de la vida, en línea con los avances que promueven las Naciones Unidas, como objetivo de desarrollo sostenible para reducir las desigualdades, fortalecer la resiliencia, y poner fin al ciclo de pobreza intergeneracional.

Asimismo, el Banco Mundial apoya el acceso a la protección social universal, pues la considera un aspecto central para lograr sus objetivos de poner fin a la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Así las cosas, el sistema de protección social tiene la finalidad de ayudar cuando las personas han culminado su ciclo laboral, y así garantizar una vida digna en la vejez. Si no es así, tendremos en el futuro una sociedad de parias sociales.

La pelota estará en la cancha del Tribunal Constitucional, que esperemos actué con absoluta independencia y apego a la Constitución que reconoce en su Artículo 10, “el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida”.

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