El país atraviesa una coyuntura política confusa y preocupante, marcada por un presidente que genera desconfianza y por un periodo de 60 días dominado por tensiones electorales, judiciales y congresales. Mientras tanto, el Congreso intenta aprovechar el desorden para aprobar normas orientadas a proteger intereses particulares antes del fin de sus mandatos.
En medio de este escenario, algunos ministerios podrían impulsar cambios sensatos que alivien los efectos de regulaciones burocráticas, obsoletas y excesivamente reglamentaristas. Del Minedu urgen reformas. Podría dejar bases para una gestión futura más innovadora.
Entre los cambios posibles figuran la revisión del SíseVe, de los sistemas de evaluación y reportes, del currículo fragmentado por áreas, de los protocolos administrativos vinculados con infraestructura y gestión, así como de las normas sobre disciplina y convivencia escolar.
El ministerio también podría reducir drásticamente la carga burocrática que consume el tiempo de directores y docentes, permitiéndoles concentrarse en enseñar, preparar clases y acompañar mejor a los estudiantes y sus familias. Asimismo, podría devolver mayor autonomía a las escuelas para tomar decisiones acordes con su realidad.
Con sensatez y valentía política, estos últimos 60 días podrían dejar una huella positiva para la educación peruana. Ello exigiría escuchar durante este breve periodo las demandas acumuladas de maestros, directores y familias, abandonando el centralismo normativo que dificulta la innovación educativa y convierte docentes en simples ejecutores administrativos desconectados del aula.
