El Congreso aprobó, por mayoría, una ley que faculta a las empresas, gobiernos regionales y locales a adquirir vacunas contra la COVID-19 y si bien da respuesta a un justo clamor ciudadano, deja abierta una nueva ventana que podría traer serias denuncias y casos de corrupción en las administraciones locales. A esto hay que sumarle que los laboratorios ya señalaron que por ahora solo venderán estos medicamentos a los Estados.

Además, es necesario aclarar que la norma, que unifica 38 proyectos de ley y dictámenes de las comisiones de Economía, Presupuesto y Salud del Congreso, no implica que una vez adquiridas por los privados, estos podrán empezar a inmunizar a quienes deseen, o puedan pagar por ello, sin mayor inconveniente sino que dispone que las dosis conseguidas sean entregadas al Cenares, pero sí los haría acreedores a una deducción del Impuesto a la Renta y a tener la prioridad para conseguir una dosis cuando les toque en el Programa Nacional de Vacunación. En el caso de los gobiernos regionales y locales, la norma establece que si consiguen los medicamentos, estos serán usados en la jurisdicción que los adquirió.

En ambas situaciones, es necesario que si se dan, exista un mayor control para evitar el mal uso de este medicamento.

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