Carlos Huamán Cabrera cumple hoy ocho meses de fallecido. Una bala en el tórax le quitó la vida durante las protestas que se registraron en la provincia liberteña de Virú para exigir nuevas elecciones generales y la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte.
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Su muerte, según el certificado de defunción general, se produjo a las 4 de la mañana del miércoles 14 de diciembre de 2022, casi cinco horas después de haber sido encontrado vivo a menos de cien metros del puente Chao, lugar por donde se habían enfrentado policías y manifestantes tras el bloqueo de la vía.
Hechos
Una de las últimas personas que estuvo con Carlos antes de su deceso fue su primo Idelso Vásquez Díaz. Él declaró ante la Fiscalía que regresaban de cenar junto con otros familiares “lejanos” cuando comenzaron a escucharse varios disparos y luego se separaron. Eran las 10 p.m. del 13 de diciembre.
A las 11:30 de esa misma noche, por el puente Chao, Carlos Huamán fue encontrado herido de bala por los suboficiales de la Policía Nacional Juan Flores Malabrigo y Diego Rosado Vásquez. Según consta en las declaraciones de este último, los agentes se encontraban de servicio en la comisaría de ese distrito.
Pero el joven de 26 años no fue hallado solo. A escasos metros de él, se encontró a Michael Nuninga Escalante, también trabajador de una empresa agroexportadora que opera en la zona. Los dos tenían “signos vitales” y fueron conducidos a la delegación policial del sector, añadió el suboficial Rosado.
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A las 3:14 de la mañana del 14 de diciembre, Carlos y Michael fueron ingresados al Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT), a una hora al norte de Chao. Mientras el primero presentaba una herida de bala en el tórax, al segundo le había ingresado un proyectil de arma de fuego (PAF) en el glúteo izquierdo. La ambulancia de placa EUA-178 del Gobierno Regional de Lambayeque, que se encontraba de paso por Virú, trasladó a ambos.
A las 4 a.m., Carlos fue declarado oficialmente fallecido. “A esa hora me llamó un policía que no se identificó para contarme que en la noche mi esposo había recibido un golpe en la cabeza y era muy posible que muera. Diez minutos después me volvió a llamar para decirme que ya había fallecido. No dijo más”, recuerda Leydi Campos Torres.
Tras los hechos, el jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, general PNP Augusto Ríos Tiravanti, afirmó ante los medios de comunicación que “el muerto en Chao es solamente porque le han tirado una piedra en el pecho”. Sobre Michael Nuninga, negó que se tratara de un herido de bala, sino de “perdigón”. Días después, frente a las evidencias, el oficial tuvo que reconocer que no habían sido piedras ni perdigón, sino disparos por PAF.
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Pesquisas
Ocho meses luego de su muerte, el caso de Carlos Huamán y de los otros fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte en La Libertad y el resto del país está en manos del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.
En esta región, más de 15 agentes policiales, entre ellos el general Ríos Tiravanti, figuran entre los investigados por el presunto delito de homicidio calificado y lesiones, “en el contexto de violación de derechos humanos en protestas sociales”.
Sin embargo, hay algunos hechos relevantes que llaman la atención en las investigaciones que se han realizado sobre la muerte de Carlos Huamán.
Uno es que hasta ahora no ha sido posible obtener el testimonio de un testigo clave de los hechos. Michael Nuninga, el joven de 21 años que fue hallado con él por el puente Chao, pidió su alta voluntaria el mismo 14 de diciembre y se retiró del hospital Regional a la 1 p.m., pese a la herida de bala que tenía en un glúteo.
De acuerdo con un acta de ocurrencia policial, un agente del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Virú llegó a dicho nosocomio el 16 de diciembre para tomar sus declaraciones, pero el médico de turno, Darlin Gonzales Angulo, le dijo que se había ido dos días antes.
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“El o la fiscal a cargo del caso debieron acudir de inmediato al hospital para recoger el testimonio del agraviado”, sostiene el exfiscal Alfredo Galindo Peralta a este Diario.
El 2 de febrero, Nuninga fue citado por la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Virú [en ese momento a cargo del caso], pero no asistió. “No era amigo de mi esposo, solo sabemos que, como Carlos, es de Amazonas, de Bagua”, afirma Leydi Campos.
El 11 de agosto, la fiscal Delmy Díaz Fernández, quien fue designada para la reconstrucción de los hechos a realizarse ese mismo día, admitió que Nuninga Escalante es un testigo “clave” en la investigación y que su testimonio “es parte de la reserva” de la misma.
Otro punto importante es conocer por qué Carlos y Michael no fueron trasladados de inmediato a un centro de salud la noche de 13 de diciembre si se encontraban heridos.
“En la comisaría [de Chao, adonde fueron trasladados], había un sujeto que se quejaba de dolor en la espalda y el otro estaba mal, se le notaba que no podía respirar”, declaró el suboficial Diego Rosado, según consta en la carpeta fiscal.
“Eso tiene que ser materia de investigación”, asevera Walter Campos Palacios, secretario del Frente Único de la Federación Regional de Trabajadores de la Agroexportación de Virú.
Otro detalle es la desaparición del celular de Carlos Huamán.
“Cuando el policía me llama para comunicarme que mi esposo había fallecido, lo hace del equipo de Carlos”, recuerda Leydi.
El móvil, según la mujer, recién lo había adquirido. “Hasta ahora me pregunto por qué no me lo han dado. Qué esconden”, cuestiona.
Lo ocurrido el 25 de abril también es necesario destacar. Ese día, la Oficina de Disciplina de la Policía Nacional en Trujillo resolvió, con Resolución N° 5-2023-IGPNP/DIRINV-OD-Trujillo, no iniciar Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) contra los presuntos policías implicados en la muerte de Huamán Cabrera. Argumentó que la Fiscalía de Virú “no cuenta con pericias balísticas ni pericias de homologación y comparación para identificar el arma de fuego mediante la cual se realizó el disparo”. Además, se indica en el mismo documento, no hizo “una pericia de absorción atómica para determinar quién realizó disparos con arma de fuego el día de los hechos”.
“[…] Tanto a nivel fiscal y en este órgano disciplinario no ha sido posible identificar a ningún efectivo policial como el presunto autor del homicidio de Carlos Huamán”, resuelve en el artículo 2.
No obstante, en el mismo documento, se precisa que de acuerdo con el informe pericial de balística forense número 2017-22, de fecha 19 de diciembre de 2022, cinco días después de la muerte de Carlos, el cadáver de este “presentaba una herida de entrada en curso penetrante, producida por proyectil disparado con un arma de fuego calibre 9 mm Parabellum”.
“Resulta contradictorio que la misma Inspectoría reconozca primero la existencia de un informe pericial de balística y luego diga que no se cuenta con él”, refiere la abogada de los padres de Carlos, Roxana Villalobos Vásquez.
El 8 de agosto, sin embargo, el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales decidió incluir en las investigaciones al S2 PNP Carlos Andrés Salazar Serrano. La razón, de acuerdo con el Expediente N° 010-2023-Inspectoría, al agente policial se le afectó, la noche de la muerte de Carlos Huamán, “una pistola serie N° 24-B-296977, una cacerina y trece municiones”. “Teniendo en cuenta las conclusiones (arma Parabellum) de la pericia balística descrita [en el caso que se investiga], resulta pertinente incorporarlo como investigado”, se añade.
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Se pudo evitar
Para el abogado Guillermo Rebaza Jara, enviado a Virú por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos para la defensa de la viuda de Nixon Sánchez Huaynacari, fallecido durante las manifestaciones ocurridas también en Virú el 20 de enero de 2023, “hubo instrucciones al más alto nivel para que se dispare a mansalva”. “Se privilegió el uso de la fuerza, hay indicios claros de ello”, asegura.
Rebaza cuestiona que el Ejecutivo no haya agotado el diálogo para evitar enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. “Aquí se debió conversar. Si no hay diálogo arriba, abajo solo va a haber balas. Quizás debió haber un intermediario: la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo”, sostiene.
En esa misma línea, el antropólogo Pedro Palomino Puertas sostiene que “lo que legitimiza a los Estados democráticos es el respeto a la ley, el que se cumpla el debido proceso frente a cualquier circunstancia”.
“Las manifestaciones son el síntoma de que algo está ocurriendo en la sociedad y que la clase política no está atendiendo. Reprimir no soluciona el problema, el origen de la manifestación. [...] Si el Estado se propone a desarrollar políticas públicas que puedan atender realmente los problemas de la población, esta clase de conflictos van a ir desescalando. Creemos en un Estado que propone soluciones”, afirma.
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