Minera Las Bambas quiere dialogar por conflicto en el Corredor Vial Sur

Comunidades campesinas de Chumbivilcas en bloqueo de corredor minero. (Foto referencial: Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco)

Actualizado el 18/08/2021, 04:42 p.m.

Este miércoles las comunidades campesinas de la provincia de Chumbivilcas, región Cusco, suspendieron su medida de fuerza y liberaron el Corredor Vial Sur, así lo informó la minera Las Bambas en un comunicado. Esto se da luego que el Presidencia del Consejo de Ministros fijó fechas (21 y 28 de agosto) para la instalación de dos mesas de diálogo.

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En un comunicado, la minera Las Bambas informó que el bloqueo ocurrió a solo 13 días de los acuerdos que se alcanzaron tras una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el 2 de agosto, donde se pactó una tregua de 60 días.

“La empresa saluda el anuncio de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre la próxima instalación de dos mesas de coordinación conjuntas con las comunidades, al mismo tiempo que reafirma su compromiso de mantener abiertos los canales de diálogo en Chumbivilcas”, indicó la minera.

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Agregó que Las Bambas reitera su “firme convicción de que el diálogo directo con las autoridades y población es el único mecanismo para restablecer la paz”.

Reinicio de protestas

Las comunidades reiniciaron su protesta el fin de semana porque, según informaron, no había respuesta de la PCM para la realización de las reuniones y la instalación de una mesa de diálogo, pese a la tregua de 60 días que otorgaron desde el 2 de agosto, fecha en la que el primer ministro Guido Bellido llegó a la zona.

Los manifestantes piden la derogatoria de la Resolución Ministerial N° 372, publicada en mayo del 2018, que declara sus territorios como vía nacional para favorecer el paso de los camiones de la minera.

El mayor malestar es que camiones de gran tonelaje atraviesan sus comunidades para transportar el cobre, lo que, según afirman, genera polvareda cerca de sus casas.

Por ello, exigen el pago de las indemnizaciones de daños y perjuicios por impactos ambientales, sociales y culturales, así como el pago de los derechos de servidumbre minera.

También demandan ser consideradas como proveedores de bienes y servicios de la empresa minera y como área de influencia directa ambiental y social de la misma mina.