El fiscal de Condorcanqui, Erlin Medina, denunció hoy ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República que las comunidades indígenas de la provincia dificultan la captura de violadores de niñas.
Medina señaló que las autoridades locales, incluyendo los apus, protegen a los agresores y amenazan a los fiscales que intentan detenerlos.
“El apu es su máxima autoridad, si el apu nos dice, ‘doctor, usted no venga’, no nos dejan ingresar. Nosotros no podemos tampoco entrar a sus comunidades”, expresó.
El fiscal reveló que incluso han sido víctimas de agresiones físicas durante las intervenciones. “Nos quisieron prender gasolina”, dijo al referirse a un intento de ataque cuando intentaban detener a un pedófilo.
Esta situación ha generado un clima de impunidad en la provincia, donde se han reportado 533 casos de abuso sexual y más de 1000 agresiones físicas contra mujeres indígenas wampís.
Medina lamentó la falta de recursos para atender a las víctimas de estos delitos. “Condorcanqui no cuenta con laboratorios, la división médico legal está en Bagua. (Las víctimas) a veces tienen que ir a Lima o Chiclayo. Solo tenemos una psicóloga en Condorcanqui, por la distancia muchos no se presentan a los concursos. El 2023 convoco a dos médicos legistas con sueldos de 9 mil soles pero no se presentaron”, remarcó.
Ante este panorama, el fiscal solicitó al Ministerio de la Mujer la creación de refugios y albergues en la zona para acoger a las víctimas de violencia.
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