La Contraloría General de la República halló irregularidades en la ejecución de una obra de mejoramiento del servicio educativo, en el colegio de nivel primario N° 81946 “César Vallejo” del centro poblado San Vicente de Paúl del distrito de Longotea, ubicado en la provincia de Bolívar, las cuales causaron un perjuicio económico para la municipalidad distrital de S/ 917 633.
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La ejecución de la obra inició el 7 de diciembre de 2021 con un presupuesto de S/ 8.4 millones y fecha de término el 2 de setiembre de 2022, pero debido a las cinco suspensiones y dos ampliaciones de plazo que se presentaron fue modificada al 11 de noviembre de 2022.
Producto la revisión y análisis de la documentación remitida por la entidad y de las visitas de inspección física a la obra, ejecutadas en julio último, se hallaron irregularidades tanto en la aprobación de las dos ampliaciones de plazo como en la recepción y liquidación de la obra.
Esta fue recibida y liquidada con partidas no ejecutadas que a simple vista fueron advertidas por la comisión de control durante las visitas de inspección física a la obra; tales como ventanas, pasamanos, basureros ecológicos, accesorios sanitarios, aparatos de comunicaciones no instalados y mobiliario educativo no implementado, entre otros.
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Sumado a ello, se omitió la aplicación de penalidades por mora ante el atraso injustificado puesto que se constató que, en el plazo de ejecución contractual establecido, el contratista no culminó con la ejecución total de las prestaciones; sin embargo, la obra fue recibida y liquidada antes de que la anterior gestión municipal (2018-2022) culmine.
“Es de precisar, además, que a la fecha el colegio no es entregado a las autoridades educativas y los niños continúan recibiendo el servicio de educación en aulas prefabricadas que no reúnen las condiciones necesarias para tal fin, lo que ha motivado que la cifra de deserción escolar incremente. Actualmente, la población estudiantil es de solo 116 alumnos”, indica la Contraloría en su informe.
Por todo lo expuesto que está contemplado en el Informe de Control Específico N° 018-2023-2-0418-SCE cinco funcionarios y/o servidores de la Gestión Municipal 2018-2022 tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa funcional sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General.
Ante ello, el informe fue comunicado al procurador público especializado en delitos de corrupción para el inicio de las acciones legales penales que correspondan y al órgano instructor de esta entidad fiscalizadora superior para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores públicos comprendidos en los hechos observados.
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