El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales dispuso que se realice una pericia psicológica al jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general PNP Augusto Ríos Tiravanti, investigado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de varias personas.
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La medida alcanza también a todos los investigados por las muertes que dejaron las protestas en la provincia liberteña de Virú, a fines de 2022 e inicios de este año, contra el gobierno de Dina Boluarte, reveló ayer Ojo Público.
Medida
“El Ministerio Público también dispuso realizar una pericia psicológica a todos los investigados por las muertes durante las protestas en La Libertad. En la lista se incluyó al jefe de la III Macro Región Policial, general Augusto Ríos Tiravanti”, publicó el medio de comunicación.
El último martes, el alto oficial fue citado a las 8:30 a.m. por la misma fiscalía en Trujillo para que entregue su celular “con la finalidad de extraer información de sus comunicaciones relacionado al hecho materia de investigación”.
Sin embargo, el jefe policial no asistió y por la tarde, en una conferencia de prensa, señaló que “el celular es del Estado y la fiscalía no tiene facultades de incautación”. “Hemos contestado que el teléfono es del Estado y que este ya fue entregado para su renovación”, agregó.
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Se suman
De acuerdo con la carpeta fiscal número 2306114500-2022-3575-0, el equipo especial de fiscales también dispuso incluir en las investigaciones a otros 15 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Entre estos agentes se encuentran el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de La Libertad, Javier Méndez Yupanqui, además del jefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Trujillo, Juan Linares Gonzalez, y el comisario de Chao, César Portales Reaño.
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A ellos también se suman, entre otros, los armeros Rosario Pérez Torres y Carlos Salazar Serrano.
La fiscalía precisa como agraviados a Carlos Huamán Cabrera, Segundo Sánchez Huaynacari, Elvis Delgado Medina, Michael Nuninga Escalante, Yeiki Núñez Reyna y Jorge Gonzáles Castañeda.
El delito que se les imputa a los investigados es el de homicidio calificado y lesiones, en el contexto de violación de derechos humanos en protestas sociales.
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