(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

El congresista Edgard Reymundo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) junto a las parlamentarias Sigrid Bazán, Ruth Luque e Isabel Cortez, presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo que las elecciones generales se realicen en el mes de octubre del 2023, además de que el mandato congresal y de los parlamentarios andinos concluyan el 31 de diciembre de este año.

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Cabe destacar que el Poder Ejecutivo presentó una iniciativa legislativa para que los comicios se realicen en abril del 2024, la que ya fue aprobada en primera votación por el pleno del Congreso y está a la espera de ser ratificada en la próxima legislatura.

De acuerdo al proyecto de los izquierdistas, la propuesta del Gobierno no ha contribuido a solucionar la grave crisis política que afronta el país y solo ha generado que haya más de 50 muertos y 1200 heridos.

ARGUMENTOS.

En sus argumentos, la iniciativa señala que el país vive una profunda crisis de representación que se expresa en las movilizaciones a nivel nacional y con demandas como las del cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente.

“El deterioro de nuestro sistema de partidos y de las instituciones que se derivan de ella (Poder Ejecutivo y Parlamento) se encuentra en un nivel que hace insostenible mantener en sus cargos a las autoridades que hoy las representan”, se acota.

Asimismo, se alega que la decisión de Boluarte de desconocer que “fue elegida con un programa de cambios” y ahora gobernar con quienes fueron “rechazados por el voto popular” y  no ganaron las elecciones del 2021  ha agravado la crisis en el Perú.

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“La implementación de la presente iniciativa conlleva un importante costo presupuestal, dado que tendría que financiarse el costo del proceso de elecciones  a los que se refieren las propuestas de Cuarta y Quinta Disposición Complementaria Transitoria de la Constitución Política y las consultas ciudadanas que se derivan de las propuestas de último y penúltimo párrafo del Artículo 206 de la Constitución Política. No obstante, el costo que estas medidas conllevan es significativamente menor a los beneficios que acarrean las mismas para la mejora de la calidad de vida de los peruanos y peruanas”, se acota.

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