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La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades y funcionarios públicos que deben mantener “absoluta neutralidad” en la campaña de recolección de firmas que tiene como objetivo final convocar a un referéndum para elaborar una nueva Constitución política a través de una Asamblea Constituyente.
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“En cumplimiento de su mandato de protección de derechos humanos y de supervisión de la buena marcha de la administración pública, recuerda a las autoridades y funcionarios públicos que deben guardar absoluta neutralidad en los procesos de recolección de firmas que se vienen desarrollando en materia de reforma constitucional”, indicó la entidad a través de un comunicado.
“La promoción y recolección de firmas están en manos de la ciudadanía. El Estado no debe intervenir desarrollando acciones o manifestando posiciones en favor o en contra de las mismas”, agregó.
El partido del Gobierno, Perú Libre, viene impulsando la recolección de firmas a nivel nacional para promover un referéndum y aprobar la convocatoria a una Asamblea Constituyente que tendrá como tarea producir una nueva Carta Magna.
El congresista Guillermo Bermejo es la principal figura de esta empresa y visita diferentes regiones del Perú donde llama a apoyar la causa, según evidencia sus publicaciones en redes sociales.
Además, la vicepresidenta Dina Boluarte, expresó, durante una actividad en Cañete, remarcó que se encuentra trabajando para juntar las firmas necesarias y lograr la nueva Constitución. No obstante, luego se excusó e indicó que se encuentra “comprometida de manera íntegra a cumplir” con su cargo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social para “atender a la población más vulnerable del país”.
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Ante ello, la Defensoría del Pueblo recordó que la neutralidad de los funcionarios públicos conlleva “a que se encuentre totalmente prohibido utilizar recursos públicos en la promoción y en los procesos de recolección de firmas que actualmente se vienen desplegando”.
“A tenor de lo mencionado, debe tenerse presente que la contravención de esta obligación, además de conllevar responsabilidad administrativa, puede constituir delito de peculado. Por ello, en miras a salvaguardar el correcto uso de los cargos, bienes y recursos públicos, corresponde a la Contraloría General de la Republica y al Ministerio Público adoptar las acciones preventivas y sancionatorias conforme a sus atribuciones”, advirtió la institución dirigida por Walter Gutiérrez.
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