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El trámite de la denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria -al sugerir la concesión de mar a Bolivia- continúa avanzando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
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Ayer, el grupo de trabajo que encabeza la congresista Rosío Torres recibió a José Palomino Manchego, abogado del jefe de Estado, y a los congresistas Norma Yarrow y José Cueto, quienes asumieron la denuncia.
Todo ello, como parte de las recomendaciones que hizo el legislador Wilson Soto, delegado y encargado de elaborar el informe final de la respectiva acusación.
DETALLE.
Soto expuso los argumentos de la denuncia, sus sugerencias y los descargos del presidente Castillo contenido en el informe de determinación de hechos y pertinencia de pruebas.
Al inicio, recordó que los días 24 y 25 de enero de este año se transmitió a nivel nacional e internacional la entrevista del mandatario en CNN. Asimismo, refirió que en esa ocasión, el jefe de Estado mostró su interés por conceder mar a Bolivia vía consulta popular.
En esa línea, resaltó como precedente que en 2018, Castillo “reivindico en un evento realizado en La Paz, la salida al mar” para ese país.
En su informe -al que tuvo acceso este diario- se señala que el presidente habría infringido hasta cinco artículos de la Constitución.
A su turno, Yarrow refirió que Castillo atentó contra la soberanía y dejó en claro que “no hay nada en contra del país de Bolivia, pero sí contra su expresidente Evo Morales”. Similar argumento tuvo Cueto al indicar que las declaraciones de Castillo son parte de un plan para entregar la soberanía del país.
Inclusive, dijo que múltiples organizaciones cocaleras, incluidas algunas del VRAEM, coordinan con sus similares bolivianas, las cuales son afines a Morales.
Además, Cueto dijo que el Gobierno copia el modelo de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico.
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En defensa de Castillo, Palomino Manchego señaló que esto último no formaba parte de la denuncia pero que aún así se le corra traslado a su despacho para analizarlo. Pidió el archivamiento del caso. “Las opiniones no constituyen delito”, dijo después.
