Nota: Óscar Cornetero y Erick Rivera (Imagen: Correo)
Nota: Óscar Cornetero y Erick Rivera (Imagen: Correo)

Ocho bancadas parlamentarias se han pronunciado respecto a la posibilidad de que el Perú pueda implantar la para castigar a violadores de mujeres y niños, y a quienes cometan actos de feminicidio.

Una situación como esta haría que el Perú se retire del Pacto de San José, el cual tiene como función proteger los derechos de los ciudadanos a nivel internacional.

En ese sentido, Acción Popular, Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio, Frepap, Podemos Perú y el Partido Morado mostraron su firme rechazo a la aplicación de esa medida.

En la otra orilla, Unión Por el Perú (UPP) está a favor de la propuesta.

Javier Mendoza señaló que esta sería una herramienta que ayude a evitar más agresiones a la mujer. Mientras que el dirigente Virgilio Acuña recordó que ellos fueron los primeros en plantear esta medida.

Ello se produce luego que, el último domingo, el presidente pusiera sobre la mesa que la pena capital podría ser evaluada al igual que otras medidas en coordinación con el nuevo Congreso.

En contra

Desde Acción Popular, Manuel Merino dijo que si la propuesta llega del Ejecutivo se tienen que resolver los acuerdos internacionales que ha firmado el Estado Peruano. “Las soluciones tienen que darse en el ámbito de la acción que le corresponde a cada sector”, manifestó a Canal N.

Su colega, Ricardo Burga dijo que en el Congreso esto puede ser debatido en cualquier momento, pero precisó que el tema es ver cuál es la forma en que esto se plantea.

“La pena de muerte no te va a resolver nada, pero si te va a limpiar. Es decir, ya no vas a mantener a diez o veinte personas (en prisión) por el Estado, vas a eliminar los tumores malignos en la sociedad, pero eso no significa que no te va a salir otro en otra parte”, indicó a Correo.

Añadió que la medida sería un tema para disuadir, mas no para “erradicar el mal”.

“Esto tiene que tener un análisis más concienzudo. Salirnos del Pacto de San José no es de la noche a la mañana, es todo un proceso”, agregó.

El integrante de Somos Perú, Guillermo Aliaga, sostuvo que las declaraciones del presidente Martín Vizcarra deben analizarse “dentro de la coyuntura política”, porque trató de dar una respuesta a una problemática del país.

También dijo que el Congreso puede hacer un análisis de carácter político del tema, pero resaltó que ello no conducirá a la creación de una nueva ley mientras esté vigente el Pacto de San José, el cual “en la medida que no exista un pronunciamiento sobre lo que se va hacer con el Pacto, todo debate va a ser ocioso porque el Pacto nos prohíbe aumentar sanciones que no estaban contempladas. Va a ser ocioso porque no va a ser efectivo”, señaló a Correo.

Aliaga también enfatizó que si se quiere viabilizar la pena capital en el Perú se tendría que hacer dentro del marco legal e internacional.

Quien también rechazó tal propuesta fue el vocero del Frente Amplio, Lenín Checco, quien señaló que no ven a la pena de muerte como una solución real. El izquierdista indicó que la pena capital no solucionaría los problemas de agresión y violación hacia las mujeres y que, además, pasaría por un contexto de que el Perú se retire del Pacto de San José.

Desde la bancada de Frepap, Isaías Pineda sostuvo que esta no es una de las soluciones que debe dar el Gobierno.

“Nosotros no vemos como una solución la pena de muerte. Somos defensores de la vida, las penas aquí se tienen que endurecer, sobre todo en el ámbito de la corrupción”, señaló.

Por otro lado, Daniel Urresti (Podemos Perú) recordó que para que se aplique esta medida se tiene que renunciar al Pacto de San José y esperar un año, así como aprobarse en dos legislaturas. “Esto es algo que, por lo menos, en este Congreso no se va a poder ver. Esto es muy discutible y muy populista”, dijo.

Total respaldo

Con una visión contraria se manifestó Javier Mendoza, de Unión Por el Perú, agrupación que tiene como uno de sus líderes a Antauro Humala, sentenciado por el “Andahuaylazo”.

“Él (Vizcarra) está tomando nuestra presupuesta y eso nos alegra, porque nosotros hemos planteado eso a lo largo de la campaña, incluso en temas de corrupción, violación, asesinato y traición a la patria”, precisó.

En defensa de la aplicación de la pena de muerte, subrayó que “todo lo que sea por el bien del país sería importante” y comentó que Antauro Humala sí coincide con este tipo de medidas.

De la misma forma piensa Virgilio Acuña, quien dijo que UPP ha sido la primera agrupación política en proponer la pena capital contra violadores, porque los intereses del país están “por encima de acuerdos internacionales”. “Nos alegra que nuestras propuestas puedan ser puestas en debate”, colocó Acuña en la víspera en su Twitter.

Pero los elogios a Martín Vizcarra no cesaron y ayer volvió a saludar esta posible iniciativa. “Gracias compatriota Martín Vizcarra por sumarse a nuestra propuesta”, escribió.

Acuña también recordó que cuando hicieron el planteamiento de la pena capital “nadie dijo nada”.

Cabe indicar que la bancada “antaurista” ha venido promoviendo la pena de muerte para presidentes corruptos y entre su lista de posibles a ejecutar se ha considerado al expresidente Ollanta Humala, hermano de Antauro.

Salud mental

Guillermo Aliaga aseguró que esta situación deja entrever que hay un tema de salud mental en el país, que ha sido descuidado por este Gobierno y por todos los anteriores. En ese sentido, dijo que la prevención debe venir a través de la educación en el propio hogar, en los colegios y no se debe descuidar la solidez de la familia.

Anotó que dentro de su bancada existe un doctor y una enfermera que han conseguido una curul en el Parlamento, desde donde realizarán la función de fiscalizar las políticas de salud mental de este Gobierno.

Por su parte, Ricardo Burga (AP) recomendó que se debería hacer “un cambio sustancial” desde la casa y el colegio para evitar mayores casos de agresión a las mujeres.