El Ministerio Público pidió al Poder Judicial que disponga el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez, en el marco de la investigación preparatoria en su contra por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación de familiares de su entonces pareja, Abel Sotelo, en cargos del Estado.
El requerimiento fue presentado el último 12 de junio por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que tiene a su cargo la investigación preparatoria contra Chávez Chino como presunta autora de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Ello a raíz de hechos que habrían ocurrido cuando ejerció funciones como congresista de la República, ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y ministra de Cultura.
La instancia fiscal suprema solicita que se ordene el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Betssy Chávez, en su modalidad de registro histórico, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 18 de noviembre de 2022.
Ante ello, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley dispuso poner el requerimiento fiscal en conocimiento de la exjefa del Gabinete Ministerial y de su defensa legal, a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa y presenten los descargos correspondientes en un plazo de tres días. Asimismo, programó para el jueves 2 de julio a las 9:30 de la mañana una audiencia virtual de carácter “privada”, en la que se evaluará el pedido con participación de las partes procesales, tras lo cual se emitirá una decisión en los próximos días.
La Fiscalía de la Nación abrió la investigación preparatoria tras la aprobación, el 1 de octubre de 2025, por parte del Pleno del Congreso, del informe final de la denuncia constitucional presentada contra Betssy Chávez. En dicho documento se le atribuyen los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado, en relación con los hechos materia del caso.
De acuerdo con la tesis fiscal, la expremier se habría interesado de manera indebida, de forma directa, en la contratación de Marco Sotelo, hermano de su entonces pareja sentimental Abel Sotelo, como asistente nivel 2 en la organización parlamentaria de su despacho congresal, así como en la contratación de Flor Sotelo, hermana de este último, en el cargo de auxiliar nivel 2 dentro de la misma organización parlamentaria.
