En pleno desarrollo de una diligencia de la Procuraduría de la Municipalidad de Castilla (Arequipa), el congresista Edwin Martínez Talavera telefoneó a la procuradora para cuestionar la legalidad del proceso.
La intervención telefónica del legislador (Acción Popular) fue grabada por la prensa local y el personal de la Procuraduría.
La Procuradora de la Municipalidad de Castilla, Dixie Cervantes, encargada de la diligencia de desalojo (un espacio público invadido hace una década), calificó la acción del congresista Martínez como un presunto delito de tráfico de influencias.
LA HISTORIA.
Los hechos ocurrieron el miércoles pasado. Medio centenar de personal policial del grupo de Operaciones Especiales (DINOES) fue movilizado por el comando regional de la PNP, oficiado por la Municipalidad.
Un ciudadano -que sostiene un celular- se acercó a la procuradora Dixie Cervantes y le dice que un congresista quiere hablar con ella.
“¿Me va a llamar el congresista? ¿Qué tiene que ver el congresista acá?”, responde, y toma el teléfono. Con el altavoz en marcha le pide que se identifique. Edwin Martínez Talavera se identifica como congresista de la república.
“Lo que único que solicito es que para proceder a hacer un desalojo se requiere todo un actuado. Según lo que notifica el señor allí han ido de la noche a la mañana. No le han abierto ningún proceso y están desalojando. ¿En mérito a qué están procediendo a hacer un desalojo?”, interpela Martínez. La procuradora Cervantes le pregunta si interviene como abogado. “Como congresista”, responde Martínez. La respuesta de Cervantes fue firme: “Usted no sabe que eso es tráfico de influencias? ¿Me está diciendo que porque usted es congresista yo debo dejar de hacer mi trabajo? Lo tengo en cuenta, lo tengo anotado. No tengo nada que hablar con usted”.
Horas después Martínez dijo a Canal N que había intervenido como “un ciudadano común y corriente a quien no le gusta la injusticia”.
