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La Comisión Permanente del Congreso otorgó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales un plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar su informe final respecto a siete denuncias constitucionales declaradas procedentes, entre ellas, contra Betssy Chávez Chino, Martín Vizcarra y cuatro legisladoras acusadas de haberle recortado el sueldo a sus trabajadores.
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Por unanimidad (22 votos), se dio el mismo plazo a la subcomisión para que investigue y presente informe final de las denuncias constitucionales 361 y 370 contra Rosio Torres Salinas en su condición de congresista de la República, por la presunta comisión del delito de concusión, artículo 382 del Código Penal y las presuntas infracciones de los artículos 1; 2; inciso 15; 22; 23; 38; 39 y 45 de la Constitución Política.
La misma decisión se adoptó para la Denuncia Constitucional 362 contra la congresista Katy Ugarte Mamani, como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal y por infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.
De igual forma, para la Denuncia Constitucional 363 contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, como presunta autora de la comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal y por presunta infracción de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.
Finalmente, se dio el mismo tratamiento a la Denuncia Constitucional 364 contra la congresista María Acuña Peralta, por la presunta infracción constitucional de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú y la posible comisión del delito de concusión, previsto en el artículo 382 del Código Penal.
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