Vapuleado. Así se puede resumir el efecto de la presentación del ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República.
El titular del Interior asistió para responder, entre tantos temas, sobre el reciente cambio que hizo el Poder Ejecutivo en la plana mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Como se recuerda, el lunes por la tarde la presidenta Dina Boluarte nombró como nuevo comandante general de la PNP al teniente general Víctor Zanabria, en reemplazo de Jorge Angulo Tejada.
El cambio se dio luego del ataque que sufrió la mandataria en un viaje en Ayacucho el sábado. Sin embargo, la resolución publicada en una edición extraordinaria del diario El Peruano expone con detalle que la justificación para el relevo obedece a que las políticas para luchar contra la inseguridad ciudadana fracasaron, que los estados de emergencia no dieron resultados, entre otros motivos.
Fue en la sesión extraordinaria que congresistas de diferentes bancadas le hicieron ver que hay una norma que establece los requisitos para una destitución que se encuentra vigente, que Angulo no cumplió los dos años en el cargo y que la seguridad de la presidenta está a cargo de la Casa Militar.
CRÍTICAS
Al inicio de su alocución, el ministro Torres aseguró que la salida de Jorge Angulo no fue una destitución, sino una culminación de sus funciones.
En la misma línea, explicó que si bien existe una ley (Ley N°31570) que indica que el comandante debe permanecer por dos años en el cargo, esta no se encuentra reglamentada.
“Casi de manera similar el comandante general anterior antes de culminar su segundo año, fue pasado a la situación de retiro. Repito, la ley no ha sido reglamentada y es facultad de la señora presidenta de la República designar al nuevo comandante general, como así lo ha hecho”, afirmó.
Su justificación fue utilizada como elemento para que los legisladores lo increparan.
El primero en intervenir fue Roberto Chiabra (APP), quien le recordó al titular del Interior que no es un ministro que viene de un proceso civil, sino que por el contrario ha tenido una carrera policial.
“Usted es un ministro de procedencia policial y hay una ley que dio este Congreso. Lo dio para darle estabilidad al alto mando de la Policía y las Fuerzas Armadas”, dijo.
El apepista recordó que durante la gestión del expresidente Pedro Castillo los comandantes generales eran retirados cada tres meses sin ninguna razón, hecho que afecta la institucionalidad.
“El cese del actual comandante general va en contra del plan ´Perú Seguro´, ¿cómo se puede fortalecer a la Policía si se trata así a un general?”, reclamó.
Así, Chiabra recordó que existe una ley que establece las únicas causales para cesar a un comandante general (ver infografía).
“No puede sacarle la vuelta a la ley. No podemos estar atentando contra la estabilidad. Estamos general un mal precedente”, enfatizó.
El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) se pronunció en un sentido similar: “Esta norma se dio para evitar el manoseo político del cargo de comandante general. Sin embargo, sigue igual, se usa para tapar políticamente una situación de negligencia en otros nivel de jerarquía de la institución”.
Desde su punto de vista, el Ejecutivo se burló de la ley para tapar la falta de preparación ante la agresión que sufrió la presidenta.
“Se burlan de la institucionalidad y este se defiende cumpliendo las normas, no dejando arrastrarse por el vendaval político”, dijo.
SE SUMAN
José Williams Zapata (Avanza País) calificó de “grave” el cambio del comandante general, porque “daña la institucionalidad y la moral de la Policía de diferentes formas”.
“Seguramente en la interna de la Policía deben estar hablando”, comentó.
Cuestionó que la resolución publicada en El Peruano le atribuya al excomandante general Jorge Angulo que no se haya disminuido los índices de criminalidad, lo que constituye una incompatibilidad o falta de idoneidad en el cargo.
“No creo que Angulo se merezca ese calificativo. Todo esto afecta a la institucionalidad y la moral de la Policía. Tiene efectos”, refirió.
También intervino José Cueto (Renovación Popular), quien señaló que han culpado a Jorge Angulo de manera ilegal por la agresión que sufrió la presidenta Boluarte en Ayacucho.
“Como dijo mi colega Chiabra, mañana pueden pasar al retiro con los mismos considerandos a cualquier persona. No se ha respetado la norma, no calza con lo que dice la ley”, sostuvo.
Precisamente, sobre lo ocurrido en Ayacucho, el legislador Cueto consideró que el ministro Torres debería dar un paso al costado.
Agregó que existe una normativa que da responsabilidad al jefe de la Casa Militar sobre la seguridad de la mandataria: “No ha pasado nada con el jefe de la Casa Militar, no he visto su declaración, ni del premier Otárola ni de nadie”.
Por su parte, Patricia Chirinos (Avanza País), presidenta de la Comisión de Defensa, precisó que la Ley 31570 establece la adecuación del reglamento en un plazo de 60 días desde que fue publicada, es decir, el 9 de setiembre de 2022.
Sin embargo, la falta de esa reglamentación no implica el incumplimiento de la ley pues eso sería una interpretación inconstitucional.
“El artículo 109 de la Constitución establece que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición de la ley. Si usted alega falta de aplicación, significa que su sector es responsable por la no reglamentación. Es una burla del Ejecutivo”, sostuvo.
RECONOCIMIENTO
Luego de la intervención de los parlamentarios, el ministro Torres intentó justificar el cambio de Jorge Angulo como comandante general de la Policía bajo el argumento de los índices de criminalidad, tal como reza la resolución con que fue cesado.
“Él ha permanecido más de un año, pero han habido falencias, han habido situaciones que han escapado de su control. Este cambio se debe al problema de la inseguridad ciudadana. La Policía necesita un refrescamiento. No podemos seguir haciendo más de lo mismo”, dijo.
Agregó que el cambio le dará “sangre nueva” a la Policía para que afronte con más fuerza, con apoyo de las Fuerzas Armadas, el problema de la inseguridad ciudadana.
Sin embargo, minutos después daría la razón real detrás del retiro. Y es que al momento de referirse a la seguridad que falló durante el viaje de la presidenta Boluarte, el ministro Torres afirmó que la ley indica que la seguridad está a cargo del jefe de la Casa Militar, pero la Constitución señala que PNP es el encargado de velar por esa seguridad.
“Pero existiría responsabilidad, por ello es que se han tomado las medidas necesarias para efecto, el relevo que la señora presidenta ha dispuesto en la Comandancia General de la Policía”, afirmó.
El ministro Víctor Torres también reconoció que el trabajo realizado por el sector que lidera no ha obtenido los mejores resultados.
“Todos en mi despacho maneja cuadros e informes que, me da pena decirlo porque soy policía de nacimiento y seguiré diciéndole hasta el día de mi muerte, de que el trabajo de la Policía no ha hecho posible que desciendan los índices de criminalidad en cuanto a la seguridad ciudadana”, apuntó.
