La congresista Diana Gonzales Delgado, de Avanza País, presentó un proyecto de ley que establece la pérdida definitiva del escaño parlamentario para senadores o diputados condenados por minería ilegal, aplicando el mecanismo de “silla vacía” sin posibilidad de reemplazo por accesitarios.
Actualmente, la figura de la silla vacía se aplica únicamente cuando un congresista recibe sentencia judicial firme por delitos como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas o lavado de activos vinculado a estos crímenes. La iniciativa busca incorporar la minería ilegal dentro de este mismo régimen sancionador.
El proyecto modifica el artículo 19 del Reglamento del Congreso, aprobado mediante Resolución Legislativa N° 004-2025-2026-CR, norma que regirá tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores del Parlamento bicameral que se instalará en 2026.
Objetivos de la propuesta
Gonzales Delgado explicó que la medida tiene dos propósitos centrales: incentivar a los partidos políticos para que realicen una revisión más exhaustiva de las hojas de vida de sus candidatos, y enviar un mensaje político contundente sobre la gravedad de este delito que afecta la seguridad ciudadana, el medio ambiente y la economía nacional.
Impacto de la minería ilegal
La iniciativa responde al creciente impacto de la minería ilegal en el país. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre enero de 2021 y marzo de 2024 esta actividad provocó la deforestación de 30.846 hectáreas en la Amazonía, operando en asociación con organizaciones criminales en zonas con escasa presencia estatal.
El problema se agrava con el aumento exponencial de las exportaciones de oro ilegal, que se estima alcanzarán entre 105 y 115 toneladas durante 2025, representando un valor de hasta US$ 12.000 millones.
Un estudio de la encuestadora IPSOS realizado en diciembre de 2024 reveló que tres de cada cuatro peruanos consideran que la minería ilegal representa una amenaza para la seguridad de sus familias. Casi el 70% de los encuestados cree que esta actividad ya ejerce influencia directa en la política nacional, mientras que el 63% teme que las mafias vinculadas al oro ilegal puedan capturar el poder en los próximos años.
