El 26 de noviembre, el contralor general de la República, César Aguilar, designó a Elizabeth Rivera Salinas como supervisora de la Subgerencia de Control del Sector Agricultura y Ambiente de la Gerencia de Control de Servicios Públicos Básicos, un cargo de confianza.
Sin embargo, no se tomó en cuenta que la funcionaria aparece en un informe de la Contraloría publicado en marzo de este año que señala que tiene presunta responsabilidad administrativa funcional en un caso vinculado a la rotación de dos servidores en una universidad.
EL CASO
La Contraloría elaboró un informe sobre el proceso de rotación de servidores públicos en la Universidad Nacional de Cañete entre enero del 2022 y diciembre de 2024.
El motivo del informe era para determinar si la rotación del personal, contratado bajo el Régimen Especial de Contratación de Servicios (CAS), se realizó según las reglas.
Específicamente se revisó la rotación temporal de dos servidores: César Antonio Fernández Gálvez y Edgar Núñez Hinostroza.
La rotación de cinco servidores fue elevado a Elizabeth Rivera Salinas, quien se desempeñaba en ese momento como jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica para que emita un informe legal.
Ella respondió que la rotación temporal de personal CAS era posible legalmente.
Así, Fernández Gálvez fue enviado como jefe de la Unidad en Recursos Humanos y Núñez Hinostroza como jefe de la Unidad de Servicios Generales.
“Esta oficina ha observado que aún no se cuenta o no ha sido adjuntado el informe técnico donde se señale los criterios y/o motivos debidamente sustentado para la rotación temporal del cargo de los servidores”, se lee en el documento.
En otra parte del documento se señala que la situación “vulneró el principio de legalidad, mediante el cual las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas”.
Sobre la participación de Elizabeth Rivera Salinas, hoy alta funcionaria de la Contraloría, se indica que se ha determinado que los hechos con evidencia de presunta irregularidad, no fueron desvirtuados.
“La señora Rivera Salinas, jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica, con su accionar, contribuyó con la afectación a la correcta administración de cargos”, se lee en el informe.
Además, se señala que con su conducta, la servidora transgredió el artículo 11 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios.
DESCARGOS
Al respecto, la Contraloría confirmó que la funcionaria sigue en funciones.
Consultados por si fue recomendada por alguien, indicaron que no, pero que “se evaluó por su experiencia personal”.
“Se tiene conocimiento de la existencia de un informe, pero a la fecha no existe sanción alguna en su contra a través de la cual se disponga un impedimento para trabajar en el Estado”, nos respondió la Contraloría.
Además, precisaron que si designada en el cargo a pesar del informe es porque fue elegida.
“Cumplía con los requisitos para el puesto. Además, la citada funcionaria, así como todos a nivel nacional, están siempre en constante evaluación”, comentaron.
