Contraloría publicaría informes sobre reuniones en Breña entre febrero y marzo

El contralor general de la República, Nelson Shack, estimó que entre los meses de febrero y marzo estarían emitiendo los informes correspondientes a las acciones que iniciaron para determinar si hubo alguna falta administrativa o irregularidad por las reuniones que el presidente Pedro Castillo sostuvo en Breña.

“Está en pleno proceso y en los próximos días se va a comunicar a los pliegos de cargos porque creemos que hay una serie de irregularidades y tiene que haber responsabilidades administrativas y, si el caso corresponda, se comprenderá la responsabilidad más política de los ministros a cargo del Congreso de la República”, detalló.

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“Imagino que en el transcurso del mes de febrero y marzo a más tardar deben salir ya los informes deslindando las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”, agregó.

En una conferencia de prensa brindada este martes, el contralor aseguró que han acreditado una comisión de control y han solicitado información sobre las citas que hubo en el inmueble de Sarratea, pedido que el Ejecutivo no ha respondido.

“Pero vamos a seguir con las investigaciones. No vamos a entrar, porque no nos corresponde, a discutir las responsabilidades del señor presidente de la República, pero sí nos corresponde mirar el tema administrativo y ahí la responsabilidad la asumen los ministros”, explicó.

Nelson Shack manifestó que las acciones de control no solo se han centrado en las reuniones de Pedro Castillo, sino en las instituciones posiblemente involucradas como Provías Nacional.

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Supuestos contratos irregulares

Además de las acciones de control sobre las reuniones de Pedro Castillo, el contralor detalló en la conferencia de prensa que los operativos han detectado entre los años 2019 y 2021 que unas 94 autoridades de los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, o sus parientes, habrían contratado con el Estado pese a estar impedidos por ley.

Según explicó, esto representa un total de 294 procesos de contratación supuestamente irregulares por un valor de S/562.9 millones de recursos públicos en obras y servicios adjudicados.

Nelson Shack dijo que no podía precisar quiénes eran los funcionarios implicados o cuántos correspondían al actual gobierno de Pedro Castillo porque la información requiere ser validada porque Registros Públicos no cuenta con información actualizada de las empresas.

“Resulta que la autoridad ha contratado en la gestión de su entidad a una empresa y uno mira en Registros Públicos y ver que la empresa contratada es del hermano del funcionario. No puede haber contrato. Pero resulta que el hermano creó la empresa hace 5 años pero hace 3 años cuando la autoridad no era autoridad, hubo traspaso de acciones y eso nunca se escribió en Registros Públicos”, manifestó.

“Por eso no puedo decir quiénes son porque está en proceso de validación”, concluyó.

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