A través de su defensa legal el ex secretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama recluido en el penal Miguel Castro Castro presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que cese la prisión preventiva por 18 meses que lo mantiene en reclusión con riesgo de contraer la pandemia de coronavirus (COVID-19) por hallarse dentro del grupo vulnerable.
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En el documento que accedió Correo, Humberto Abanto abogado de Yoshiyama sostiene que su defendido está en el grupo de alto riesgo de la pandemia de COVID-19 por ser una persona que cumplirá 76 años, además porque ya los médicos del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) establecieron que padece de diabetes melitus tipo 2, hipertensión arterial, arterioesclerosis y antecedentes oncológicos.
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“La situación alegada es grave, urgente y requerirá una medida cautelar para prevenir un daño irreparable por la alta probabilidad de que la víctima, por ser parte del grupo de alto riesgo para la pandemia de COVID-19”, dice Abanto a la CIDH.
Pese a ello, el investigado junto a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori por supuestamente recibir aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del año 2011, todavía no recibió ninguna clase de decisión por parte del Poder Judicial al suspenderse en dos ocasiones su petición.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril el juez Roger Benites reprogramó la audiencia para que se evalúe el cese de prisión de Yoshiyama porque el fiscal del equipo especial José Domingo Pérez no quiso participar en la diligencia.
Es así que en el acto judicial de hoy, el juez de turno Richard Concepción Carhuancho se inhibió de verificar su caso por estar recusado de ver los casos relacionados a Keiko Fujimori y trasladó el pedido a la mesa de partes para que otro juez se haga cargo.