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Diversos especialistas cuestionaron la publicación en redes sociales de la congresista Cecilia García en contra de la presidenta de la Asociación de Fondo de Pensiones (AFP), Giovanna Prialé, el cual generó que miles de usuarios la amenacen de muerte.
Para el penalista Felipe Salas Zegarra, asociado del estudio jurídico Salas Beteta Abogados, la actuación de la legisladora es un hecho delictivo en el derecho penal y se conoce como “instigación”.
“Por ejemplo, si se extorsiona o se le lesiona a la presidenta de la asociación de AFP por alguien influenciado por alguno de los comentarios de sus líderes políticos , el líder político va a cumplir la misma pena de quien ejecuto el delito”, explico el letrado.
Asimismo, dijo que sería bueno que la representante de la patria tenga un buen análisis y juicio de criterio al momento de realizar sus comentarios a efectos de que no lleguen a lindar con la figura descrita. “Más aun si la noticia a la que se hace referencia trata sobre la vida humana puesta en peligro , no importante de quien se trate , si no , del bien jurídico de mayor envergadura”, alegó.
Entre tanto, Adriana Sarmiento Mozón, abogada asociada del Estudio Peña & Abogados, señaló que el comentario de García es imprudente, debido a que nos encontramos en contexto de incertidumbre que vivimos en el país por la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.
“El cual ha traído no solo más inseguridad ciudadana en nuestra población, sino también ha incrementado la violencia entre los ciudadanos”, explicó.
Asimismo, señaló que lo consignado en redes sociales por la legisladora Cecilia García genera una afectación al sistema financiero.
“Lo único que causa es que la población no se moleste en entender a ambas partes (...) si bien es cierto, justifica sus dichos al tener un compromiso con quienes la eligieron como congresista, esto no la deslinda de responsabilidad legal que podría tener frente a acotaciones que podrían llegar a formalizarse en denuncias en su contra”, alegó.
Finalmente, dijo que las amenazas generadas contra Prialé, a raíz de su publicación, podría afectar legalmente a la parlamentaria.
Por su parte, César Aliaga, especialista en temas parlamentarios, las afirmaciones vertidas por Cecilia García podrían configurar inconductas con responsabilidad judicial y parlamentaria.
“Desde el plano judicial, en lo civil existiría un daño a la reputación comercial de las AFP, lo que puede originar una reparación civil. Desde lo penal, podría configurar el delito de difamación, ya que desliza que las AFP tienen responsabilidad en la muerte de 32 mil afiliados”, alegó.
Asimismo, dijo que es más grave utilizar la imagen de una mujer, por su condición de presidenta de la Asociación de AFP, conectándola con dicha premisa. “Asimismo, podría existir una instigación a la comisión de ilícitos, lo cual se verifica con los supuestos mensajes de sus seguidores con un contenido agresivo”, explicó.
Para Aliaga, desde el plano parlamentario, podría configurarse una inconducta ética sancionable conforme a los artículos 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, que exigen que un congresista actúe de forma veraz, tolerante, objetiva y justa conforme al orden público y las buenas costumbres.
“Con la última modificación del artículo 93 de la Constitución, se eliminó la inmunidad parlamentaria, razón por la cual la Fiscalía puede actuar de oficio o por denuncia de parte”, sostuvo el especialista.
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