El informe redactado por la comisión ad hoc encargada del proceso disciplinario dirigido hacia Daniel Soria, recomienda al ministerio de Justicia, la destitución del funcionario de su cargo como procurador general del Estado.
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En el documento dirigido al ministro Eduardo Arana por parte del Órgano Instructor del Procedimiento Administrativo Disciplinario que se instauró en base a este caso, se fundamenta en el documento emitido por la Oficina de Control Interno (OCI). En dicho informe se señala que no se cumplieron los requisitos necesarios para la designación, situación que persiste desde el 3 de febrero de 2020 hasta la fecha actual, lo cual se considera como un “beneficio ilícito”.
Por ello, la OCI sostiene que estos hechos ameritan una sanción de destitución pues no se evidencian supuestos que eximan de responsabilidad administrativa disciplinaria a Soria Luján.
“Por los hechos expuestos, a criterio de esta Dirección existen indicios suficientes que acreditan que el servidor procesado, ha vulnerado los principios de probidad, idoneidad y veracidad”, se lee en el documento al que tuvo acceso el diario El Comercio.
La única recomendación remitida al despacho del titular del sector es la destitución del procurador, según los fundamentos presentados por la OCI. El informe lleva la firma de Luigino Pilotto Carreño, presidente de la comisión ad hoc, así como de los miembros de este grupo, Armando Subauste Bracesco y Tiberio Robles Yanoc.
Daniel Soria Luján permanece suspendido temporalmente desde que inició el proceso administrativo disciplinario en su contra en noviembre de 2023. Esto ocurrió meses después de su restitución en el cargo por orden del Poder Judicial, tras haber sido retirado durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando Aníbal Torres se desempeñaba como ministro de Justicia.
Después de enterarse de su suspensión del cargo, Soria sostuvo que la sanción en su contra podría tener motivaciones políticas que involucran a la presidenta Dina Boluarte.
“Es una hipótesis plausible, porque ha habido muchas resistencias a nuestra participación en ese proceso, a la forma como hemos solicitado ciertas actuaciones. Digamos que esta respuesta es al trabajo que hemos venido realizando. Yo sí establezco una relación de causalidad al respecto”, expresó en su momento a RPP.
“Lo que queda claro es que la cabeza del sector Justicia es el actual ministro de Justicia, que a su vez depende de toda la estructura del Poder Ejecutivo cuya cabeza es la presidenta Dina Boluarte. La presidenta no puede ser ajena a estos sucesos, no puede salir a decir que acá hay un procedimiento en el que no participa, porque este procedimiento se ha abierto con fines de destitución”, acotó.
