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El debate de los proyectos de ley relativos a la vacancia presidencial por incapacidad moral continuó ayer a nivel de la Comisión de Constitución del Congreso.
La titular del grupo de trabajo, Patricia Juárez, señaló ayer que el tema viene siendo discutido de forma progresiva desde noviembre del año pasado a fin de impulsar un debate amplio y con expertos en la materia.
“Desde el mes de noviembre estamos en debate de estos proyectos de ley que son de absoluta importancia nacional, que deben ser tratados de manera amplia”, dijo.
En la sesión, el congresista de Podemos Perú (PP) Enrique Wong sustentó el proyecto de ley No. 841/2021-CR, que propone modificar el artículo 113 de la Constitución y fija cinco aspectos que califican como “incapacidad moral permanente”.
En ellos, se contempla ejercer violencia física o psicológica contra terceros, atentar contra la vida de su cónyuge, hijos o familiares directos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y uso o consumo habitual de drogas o alcohol. También se incluye el incurrir en ludopatía y aquellos hechos cometidos por el mandatario que “atentan contra los valores éticos comúnmente compartidos en nuestra sociedad”.
En la iniciativa también se indica que la vacancia presidencial no procede en el último año de mandato.
En su exposición, Wong también señaló que en el proyecto propone un procedimiento a seguir para la declaratoria de incapacidad moral permanente y la figura de permanente incapacidad física.
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ANÁLISIS. El grupo de Constitución recibió también a tres expertos. El abogado César Delgado-Guembes destacó la importancia de identificar criterios para el uso legítimo de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, mientras que el constitucionalista Natale Amprimo consideró que no se debe eliminar la referida causal y que “la solución a estas situaciones no puede consistir en descalificar el debate”.
Por su parte, el abogado Samuel Abad señaló que se debe eliminar la interpretación amplia de la vacancia y se debe “incrementar el número de delitos que puede permitir la acusación constitucional durante el mandato de un presidente”.
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