Expresidente Alberto Fujimori. (GEC)
Expresidente Alberto Fujimori. (GEC)

La defensa legal del expresidente Alberto Fujimori envió un escrito al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ica para que se ejecute la resolución emitida por el Tribunal Constitucional sobre la reposición del indulto humanitario a favor del exmandatario, concedido por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del 2017.

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Elio Riera Garro señaló al juzgado que “habiendo tomado conocimiento por el portal web del Tribunal Constitucional que el pasado 17.03.2022 se declaró fundado la demanda de hábeas corpus a favor de mi persona”.

Defensa legal de Fujimori pide ejecutar sentencia del TC
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El letrado envió este escrito al juzgado de Ica porque dicha jurisdicción fue la que evaluó este hábeas corpus, en primera instancia, y luego declaró improcedente este recurso el 21 de abril del 2020.

A fin de dar celeridad a la ejecución de la resolución del Tribunal Constitucional, Riera Garro solicitó a la Sala 2 de dicho organismo - conformado por los magistrados Augusto Ferrero, Marianella Ledesma y José Luis Sardón- notifique la sentencia a favor del expresidente a la Corte Superior de Justicia Ica.

“Somos respetuosos del principio de legalidad y esperaremos a que el Juzgado correspondiente pueda dar trámite a la Sentencia del Tribunal Constitucional. Confiamos en que en el más breve plazo se ejecutará el fallo del máximo interprete de nuestra Constitución”, dijo Riera a Correo.

Solicitud de abogado Elio Riera en favor de Alberto Fujimori
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Como se sabe, el TC comunicó que falló, en mayoría, a favor del hábeas corpus de Fujimori, que presentó el abogado de Ica, Gregorio Parco.

Los votos de José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, que hizo uso del voto dirimente, se impusieron a los de los tribunos Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña. Aún está pendiente que el TC publique la sentencia con los fundamentos de sus integrantes en este emblemático caso.

Como se sabe, Alberto Fujimori fue hallado responsable penalmente por los casos Barrios Altos y La Cantuta, en una condena por 25 años de prisión impuesta por la Sala Penal Especial.