Walter Gutiérrez señaló que lo mejor para el mandatario es que se reanuden las investigaciones para que no haya cuestionamientos en su contra. (Foto: GEC)
Walter Gutiérrez señaló que lo mejor para el mandatario es que se reanuden las investigaciones para que no haya cuestionamientos en su contra. (Foto: GEC)

Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, solicitará al fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, que revalúe la decisión de su predecesora, Zoraida Ávalos, de iniciar investigación contra pero luego suspenderla hasta que finalice su mandato.

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En declaraciones a RPP, señaló que esto permitirá que el jefe de Estado pueda trabajar sin que existan cuestionamientos por supuestos casos de corrupción.

“El día de hoy en la mañana vamos a mandar un oficio al fiscal de la Nación para que revalúe la decisión de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de que se abra investigación y esta se suspenda, creemos que esto es una lectura que pasa más con el deber de combatir la corrupción”, dijo.

Es algo que pasa por reivindicar que el Ministerio Público es quien persigue el delito, además no nos parece justo que sobre el presidente exista un manto de duda. Más todavía si en el código penal distinguen claramente las etapas”, agregó.

En enero de este año, Ávalos abrió y suspendió la investigación contra Castillo Terrones, debido a que, por su alta investidura, no puede ser acusado durante su mandato por delitos comunes o de corrupción.

El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso (...) y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”, dice el artículo 117 de la Constitución.

Demanda competencial

En otro momento, Gutiérrez anunció que presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional a fin de que las misivas enviadas por la Defensoría del Pueblo deban necesariamente ser respondidas por las instituciones del Estado a las que se envían.

Es muy probable que la Defensoría presente una demanda competencial por menoscabo ante el Tribunal Constitucional. Con esto se busca que no se guarde silencio”.