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La Defensoría del Pueblo, que dirige Eliana Revollar Añaños, presentó un proyecto de ley que busca asegurar la independencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de los medios de comunicación públicos a cargo a su cargo.
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Así se indica en uno oficio enviado al presidente del Congreso, José Williams Zapata, a fin de modificar Decreto Legislativo 829 para “asegurar la independencia” de los medios del Estado.
“La Defensoría del Pueblo, en su rol constitucional de supervisor de los derechos humanos y del buen funcionamiento de la administración pública, considera imprescindible que el diseño institucional del IRTP esté orientado a concretar su autonomía”, se indica en el documento.
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En el documento aseguran que los medíos de comunicación públicos y privados cumplen un rol esencial en una democracia, por lo que son cruciales para el goce efectivo de las libertades de expresión e información, ya que contribuyen en formación de la opinión pública.
“Por ello, a través de la presente propuesta legislativa se ponen de relieve diversos criterios que toda legislación debe observar en la regulación de los medios estatales. En esa línea, el proyecto no solo pone especial énfasis en los fines institucionales del IRTP, además plantea diversos cambios que tienen como propósito garantizar su autonomía e independencia, así como la idoneidad de los miembros del Consejo Directivo”, se detalla.
Por ejemplo, plantea que haya un concurso público como nueva modalidad de designación de los miembros del Consejo Directivo a cargo de una Comisión Especial, así como la aplicación de principios de transparencia, publicidad, mérito, legalidad, debido procedimiento y participación ciudadana.
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“En confianza de compartir el mismo interés por asegurar la autonomía del IRTP y de los medios de comunicación, pongo a consideración la presente iniciativa y respetuosamente solicito tenga a bien darle el trámite correspondiente de manera prioritaria”, indica Revollar en el oficio.
En la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que resulta incompatible con el sistema constitucional toda injerencia proveniente del Estado o de cualquier otro tipo de poder económico, religioso o político respecto de la labor de los medios de comunicación públicos, ya que no haría posible el ejercicio de una prensa objetiva, crítica y plural.
“Es necesario garantizar que los medios de comunicación públicos ejerzan su labor comunicativa libre de todo intervencionismo a fin de poder asegurar que la información que estos difundan no solo sea fiable, sino que además esté destinada a asuntos de especial relevancia pública”, se acota.
Se agrega que, más allá de que el IRTP se encuentre adscrito al Ministerio de Cultura, se debe resaltar que la actual modalidad de designación de los miembros del Consejo Directivo y del presidente ejecutivo no favorece su independencia ni autonomía; por el contrario, propicia el condicionamiento de la línea de trabajo periodística de los medios de comunicación estatales a su cargo.
“En el Informe de Supervisión al Poder Ejecutivo en Relación con la Libertad de Prensa la Defensoría del Pueblo precisó que la normativa que regula al IRTP “no observa los diversos criterios desarrollados por la Relatoría” y podría convertirse en un instrumento para condicionar la línea periodística de los medios de comunicación cuya operación se encuentran a su cargo”, se resalta.
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