Defensoría presenta demanda competencial contra el Gobierno

Por considerar que el Gobierno del presidente Pedro Castillo vulnera sus atribuciones constitucionales, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial contra el Gobierno.

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La demanda evidenció una relación particularmente conflictiva entre el Ejecutivo y la Defensoría del Pueblo, una entidad encargada de supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, entre otros.

“El Ejecutivo no ha cumplido, ni siquiera, con responder las recomendaciones de supervisiones, de informes que ha hecho la Defensoría”, precisó el defensor Wálter Gutiérrez en conferencia de prensa.

Citó dos ejemplos: “Uno de ellos tiene que ver con la supervisión que hicimos sobre libertad de expresión e información […] Y lo propio sucedió con nuestra comunicación sobre el cumplimiento del principio de idoneidad”, en relación con la designación de funcionarios públicos.

“Lo que estamos pidiendo al TC es que pida que el Ejecutivo cumpla con responder. No con una respuesta aparente sino que tenga el contenido de lo que demanda nuestro planteamiento”, explicó.

La demanda competencial es un proceso constitucional que se presenta cuando alguna de las entidades del Estado ejercita alguna de sus facultades invadiendo o menoscabando las atribuciones de otro poder del Estado.

Según el Defensor, la omisión de respuesta del Ejecutivo “menoscaba la posibilidad de que la Defensoría cumpla sus funciones”.

Esto implicaría una " infracción constitucional” por la que el actual mandatario podría ser sancionado.

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Renuncia

Wálter Gutiérrez también anunció ayer la fecha de su renuncia al cargo, es decir este viernes 29 de abril de 2022.

Como se conoce, el Congreso de la República aprobó la creación de una comisión especial con la tarea de designar al nuevo Defensor. Lo hará “por invitación” y no por concurso público, según los primeros acuerdos.

Wálter Gutiérrez Camacho asumió la Defensoría del Pueblo en setiembre de 2016 por un período de 5 años.