El Poder Judicial (PJ) ordenó al Ministerio Público (MP) que finalice la investigación en curso contra la presidenta Dina Boluarte por la desactivación del equipo especial de la Policía que colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
Esta decisión fue tomada por el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el recurso de control de plazo presentado por la defensa de la mandataria, argumentando que se había excedido el tiempo de las pesquisas.
Boluarte Zegarra es investigada por presuntos delitos de abuso de autoridad y encubrimiento personal. Con la resolución del PJ, el MP deberá decidir si archiva la investigación o presenta una denuncia constitucional ante el Congreso de la República para continuar con el proceso judicial.
La controversia comenzó el 10 de mayo de 2024, cuando el gobierno dispuso la desactivación del equipo especial policial, liderado por el coronel PNP Harvey Colchado.
La administración justificó esta medida alegando una “duplicidad de funciones” entre la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) y Eficcop, que operaban en acciones de inteligencia y pesquisas contra organizaciones criminales a nivel nacional. Ese mismo día, en un operativo, se detuvo a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en el marco de la investigación por el Caso “Los Waykis en la sombra”.
A raíz de estos hechos, la Fiscalía de la Nación inició una investigación contra Boluarte y el entonces ministro del Interior, Walter Ortíz. El 28 de octubre, el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, solicitó al juez Checkley el cierre de la investigación, argumentando que ya se había cumplido el plazo de 60 días establecido por la fiscalía, que venció el 7 de julio.
El juez Checkley explicó que la Corte Suprema de Justicia establece que el plazo máximo para investigaciones preliminares complejas es de ocho meses. Sin embargo, la fiscalía amplió el plazo 15 días después de su vencimiento, lo que no es procedente según la normativa. Por lo tanto, se declaró “fundada” la solicitud de control de plazo y se instó al MP a emitir una resolución conforme al Código Procesal Penal, determinando si archiva la investigación o formula la denuncia correspondiente.
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