En febrero de 2019 se firmó, entre bombos y platillos, el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.
Todo sucedió en medio de las críticas de un sector que aseguraba que personajes implicados en el proceso podrían ser blindados.
Cinco años después, el Poder Judicial (PJ) decidió revocar los beneficios del acuerdo con Jorge Barata, exdirectivo de la constructora y pieza clave en casos emblemáticos, por no presentarse a declarar en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala.
¿Quiénes son los responsables de su ausencia? ¿Por qué no se tomó en cuenta ese posible escenario? Por ese motivo, Correo hace un recuento de los seis personajes que promovieron, apoyaron y defendieron el convenio: Dos fiscales, dos procuradores, una jueza y un civil en la sombra.
ROLES
El 2015, el portal IDL-Reporteros a cargo del periodista Gustavo Gorriti dio los primeros alcances del caso Lava Jato, investigación que involucraba a empresas acusadas de pagar coimas a altos funcionarios públicos a cambio de licitaciones de obras.
Ya en 2018 con el caso en manos de la Fiscalía se dio inicio a las conversaciones para la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht, una de las compañías implicadas.
A principios del 2019 y cuando el convenio todavía no se había suscrito, Gorriti se presentó en una entrevista para defender el proceso.
“Si tú quieres luchar en forma eficaz contra el crimen coorporativo, tienes que tener formas de colaboración eficaz”, afirmó.
Al ser consultado sobre un sector que cuestionaba que Odebrecht todavía podía contratar con el Estado, el hombre de prensa destacó que la compañía contrataba en ese momento con Brasil y con Estados Unidos.
“Una compañía delinque, se reforma, cambia, habla, paga, cuenta todo. Como consecuencia tienes compañías mucho más honestas y rehabilitadas”, fue la defensa que dio Gorriti para justificar que Odebrecht pueda trabajar pese a los grandes casos de corrupción en que estuvo involucrada.
Un mes después de las declaraciones del periodista, representantes de la justicia viajaron hasta la sede del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, para la firma del acuerdo.
El convenio fue firmado por el jefe del Equipo Especial del caso Lava Jato Rafael Vela Barba, el fiscal José Domingo Pérez y el procurador ad hoc Jorge Ramírez.
Los tres mencionados, junto a la procuradora Silvana Carrión, ofrecieron una conferencia de prensa a los medios.
Vela fue enfático en afirmar que “de no haberse firmado el acuerdo, no habría acceso a la cooperación judicial con Brasil”.
Un año después, las críticas contra el acuerdo continuaron, lo que generó la respuesta del fiscal Pérez Gómez.
“¿Quiénes están buscando eso (que se anule el acuerdo)? Los investigados, los que defienden esa situaciones, quienes pretenden que el sistema de impunidad y corrupción que ha imperado antes de que se conocieran los casos Lava Jato continúe”, dijo.
Mientras que el procurador Ramírez consideró que el acuerdo no es concesivo porque Odebrecht ha entregado información.
“(Odebrecht) es la única empresa que hasta la fecha, públicamente, ha estado colaborando con la justicia peruana”, aseveró.
Ramírez fue retirado de su cargo en 2020 luego de conocerse que pidió al ministro de Energía, Juan Carlos Liu, una reunión para atender a representantes de Odebrecht, que luego demandó al Estado por 1200 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
CLAVE
El sexto personaje en esta historia es la jueza María Álvarez Camacho del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, pues fue la encargada de homologar el acuerdo que constaba de más de 148 mil folios.
El documento fue aprobado por el Poder Judicial (PJ) en junio de 2019 sin ninguna excepción ni restricción, pese a las críticas y observaciones de algunos sectores.
Un dato no menor es que en aquella ocasión fueron varios los personajes de la política peruana que saludaron la aprobación del acuerdo.
Para muestra hay varios botones. El exfiscal supremo Avelino Guillén dijo que el acuerdo permitirá que la Fiscalía refuerce su posición en los procesos, lo que “es bueno para el país”.
El exprocurador Julio Arbizu consideró que los que se oponían al acuerdo, tenían un interés en evitar que se conozca la verdad.
Por otro lado, el poder de turno tampoco fue ajeno a respaldar el acuerdo.
El entonces presidente Martín Vizcarra saludó el acuerdo, porque a su juicio, este permitirá conocer la verdad sobre qué autoridades recibieron sobornos, para qué obras y en cuento fueron sobrevaloradas.
Su presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, también se pronunció en un sentido similar.
“En el Gobierno tenemos muy claro que hay que respaldar este acuerdo”, afirmó.
Mientras que el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, destacó los resultados positivos del acuerdo.
“Este acuerdo permitirá aterrizar puntualmente en todos los que tuvieron algún grado o nivel de participación en los hechos investigados (…), posibilitará deslindar responsabilidades e identificar a los responsables”, apuntó.
