El Congreso aprobó límites a la cuestión de confianza

El Congreso aprobó anoche por insistencia la autógrafa de ley que modifica la figura constitucional de la cuestión de confianza, la misma que había sido objeto de siete observaciones por parte del Poder Ejecutivo.

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La representación nacional apoyó la insistencia con 79 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones.

De esta forma, se estipuló que esa figura solo pueda aplicarse para casos que competen al Ejecutivo y no al Congreso.

El objetivo fue evitar que se repita que se plantee una cuestión de confianza sobre alguna atribución del Congreso como, por ejemplo, elegir a los miembros del Tribunal Constitucional (TC), tal como lo hizo Martín Vizcarra.

La autógrafa de ley, según la Comisión de Constitución,  desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.

La cuestión de confianza es una medida de presión del Ejecutivo hacia el Congreso pues en caso de ser negada en dos oportunidades, permite al gobierno de turno tener la facultad de cerrar el Congreso.

Sin embargo, según el enfoque del Ejecutivo, la ley aprobada sería una nueva “interpretación auténtica” y también “una reforma constitucional vía una ley ordinaria” que debilitaría el mecanismo constitucional de defensa del Presidente de la República frente al Parlamento.

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Razones

Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución,  fue la encargada de sustentar la insistencia.

El texto establece que la facultad de los ministros para plantear una cuestión de confianza “está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y competencias excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionales autónomos”.

Asimismo, sostiene que “la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al Reglamento del Congreso” y que “solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión”.

Asimismo, en respuesta a las observaciones del Ejecutivo,

Juárez sostuvo que  “la cuestión de confianza como un mecanismo de contrapeso no ha sido considerada en la ley aprobada”.

contrapropuesta. Horas antes de la sesión del pleno del Congreso, que se inició a las 4:48 pm, el Ejecutivo envió un oficio a la presidenta del Congreso, María Carmen Alva, solicitando que ponga consideración del pleno el proyecto de Ley de Reforma Constitucional sobre la cuestión de confianza y la vacancia presidencial.

El proyecto de ley lleva la rúbrica del presidente Pedro Castillo y la premier Mirtha Vásquez, y busca modificar el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución referido a las causales de la vacancia presidencial.

El proyecto de ley de reforma constitucional del Ejecutivo  propone eliminar la denominada “incapacidad moral” como causal de vacancia para considerar solo la causal de “incapacidad mental”.

“El objetivo de este proyecto de ley es asegurar un uso apropiado de la cuestión de confianza, la cual debe corresponder a los temas que son competencia del Ejecutivo. Pero por otro lado, debe regularse también la figura de la vacancia por incapacidad moral”, precisó la premier en un pronunciamiento.

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Según Vásquez, el planteamiento del Ejecutivo es que el Congreso “revise tanto la ley de interpretación, que quieren aprobar por insistencia, junto con nuestro proyecto, de manera conjunta”.

Finalmente, la Mesa Directiva del Congreso decidió que el proyecto de ley del Ejecutivo pase a la Comisión de Constitución para ser examinado.

Más tarde, luego de producida la votación, Vásquez lamentó que el Parlamento “haya renunciado a un debate amplio y plural sobre un tema trascendental para el equilibrio de poderes” y advirtió que dicha norma “pone en riesgo” la democracia peruana.

“Adoptaremos acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de derecho”, indicó a través de su cuenta de Twitter.

Edificio deformado

Al respecto, el analista político Fernando Tuesta opinó que el choque sistemático entre el Ejecutivo y el Legislativo en el Perú obedece a una construcción híbrida de nuestro sistema político.

“Nuestro sistema es de un presidencialismo parlamentarizado o híbrido; es decir, que, siendo presidencialista cuenta con un conjunto de mecanismos de los sistemas parlamentarios como ningún otro país en el mundo”, señaló.

Agregó que todo esto da como resultado un edificio institucional malformado y lleno de peligrosas grietas que se manifiestan, de manera más clara y evidente, cuando en el Parlamento se aglutina una mayoría opositora que lleva a un enfrentamiento entre los poderes del Estado, produciendo crisis y la quiebra del sistema democrático.

En el blog Politika, al analizar las posturas del Parlamento y del Ejecutivo en el tema de la cuestión de confianza, afirma que “ni la una ni la otra resuelven el problema de nuestro diseño institucional, que nos tiene entrampados desde hace más de un quinquenio”.